Persecutor Jorge Abbott los "arengó" en cita privada:
La catarsis de los fiscales, luego de los reveses en las causas de La Araucanía

En el Ministerio Público sienten que la justicia está dando "señales confusas" en los procesos ligados al conflicto y que algunos magistrados están predispuestos negativamente a la aplicación de la Ley Antiterrorista.  

Marcelo Pinto E. 

En la agenda oficial del fiscal nacional Jorge Abbott figuraba solo una actividad cuando voló a Temuco, el lunes de la semana anterior: una reunión con los hijos del matrimonio Luchsinger-McKay, luego del fallo que absolvió a los 11 comuneros acusados del doble crimen.

Aquella cita se concretó como estaba previsto. Pero solo después de un encuentro que Abbott sostuvo con los persecutores que trabajaron por más de cuatro años en el caso. Y que sufrieron un golpe demoledor al ver cómo las evidencias reunidas por ellos en ese período fueron desechadas por un tribunal oral.

Al cara a cara con el persecutor nacional fueron convocados el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, y sus colegas Alberto Chiffelle, Luis Arroyo, Pamela Contreras y Héctor Leiva. También, algunos abogados asistentes.

Qué buscarán en el fallo Luchsinger

Casi en tono de arenga, Abbott los respaldó. Les dijo que tenía claridad sobre la pulcritud de su trabajo y se mostró consciente de las especiales circunstancias en que se desempeñan.

Con ello apuntaba a tres aspectos. La complejidad de los atentados pesquisados. El "profesionalismo" de los violentistas (quienes llegan al punto de recoger los casquillos de las balas disparadas para dificultar las indagaciones). Y las crecientes dificultades que tienen los persecutores para lograr que los tribunales acepten sus pruebas. Como pasó precisamente en el caso Luchsinger.

En concordancia con lo anterior, Abbott les ofreció ayuda para evaluar si corresponde impugnar la absolución de los comuneros. Lo que se resolverá a partir del análisis de la sentencia, cuya lectura tendrá lugar el 14 de noviembre.

Los persecutores le agradecieron el respaldo. Junto con ello, se comprometieron a "seguir adelante" y le explicaron la manera en que presentaron el caso ante el tribunal, lo que él aprobó.

Días antes del fallo absolutorio, los fiscales habían enfrentado otro remezón: la liberación, por parte de la Corte Suprema, de ocho comuneros acusados por asociación ilícita e incendio terrorista (de decenas de camiones), en el marco de la "Operación Huracán".

Paralelamente, consiguieron una condena de 10 años de cárcel por la colocación de una bomba en la prisión de Temuco. Pero se lamentan de que los últimos traspiés hayan opacado ese y otros logros.

El 14 de noviembre, cuando el tribunal lea el veredicto absolutorio, los persecutores examinarán el fallo con "lupa" para saber por qué los jueces desecharon las pruebas. En la institución admiten que probablemente tratarán de revertir la sentencia, vía Corte de Apelaciones de Temuco o Corte Suprema.

La idea de insistir en los cargos obedece a la convicción de los fiscales en cuanto a que los 11 comuneros están implicados en el doble asesinato.

Los persecutores se basan en la confesión que hizo José Peralino (quien después se desdijo). Y en distintas pruebas "indiciarias" (indirectas), como aquella que ubica los celulares de cuatro de los mapuches en las proximidades de la escena del crimen, justo antes del atentado.

El tribunal validó la legalidad de los dichos de Peralino, pero estimó que la confesión no bastaba. Y que los persecutores debieron comprobarla.

Esta semana, en Temuco, los fiscales recordaron lo sucedido, frente al caso de un incendio común (en Angol), donde los jueces condenaron, pese a que el autor echó pie atrás en su confesión, y a que el denunciante retiró los cargos.

En la entidad sienten que los tribunales están dando "señales confusas" en las causas ligadas al conflicto. Visión que se funda en el itinerario seguido por los jueces.

Como ejemplo se cita lo ocurrido con los otrora acusados por el crimen de los Luchsinger: las pruebas en su contra fueron validadas por la corte de Temuco para mantener a la mayor parte de ellos en la cárcel, pero a la hora de resolver, esos mismos antecedentes terminaron en el "tacho".

Se menciona también la "Operación Huracán". Caso en el que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se reunió con los familiares de los imputados, mientras Abbott hacía lo propio con los hijos de los Luchsinger-McKay.

Antes, mientras subrogaba a Dolmestch, el ministro Milton Juica recibió a los parientes de cuatro comuneros en huelga de hambre, acusados de incendiar un templo evangélico durante un sermón.

Los persecutores no comprenden el porqué de los veredictos que les han sido adversos, ni la postura adoptada por el máximo tribunal. Pero creen que detrás de lo anterior habría un factor común: la supuesta reticencia de los jueces a aplicar la Ley Antiterrorista.

Sin conocer tampoco el motivo exacto de esa renuencia, los fiscales saben que deberán seguir cumpliendo sus funciones en el actual escenario. Lo que les impone un desafío mayor: buscar fórmulas para que la prueba "indiciaria" sea finalmente aceptada por los tribunales. Ello, en razón de que durante las pesquisas de estos atentados es muy difícil hallar evidencias "directas" (como testigos, filmaciones o huellas dactilares), debido a las características de los delitos en sí y a las precauciones que toman los extremistas.

Los persecutores bregarán para que los jueces acepten la prueba indirecta. Bajo la premisa de que los tribunales, aparte de constatar hechos, deben apreciar las evidencias en su contexto y con un mayor nivel de "sofisticación", como advirtió en su minuto el propio Abbott.

A la vez, el Ministerio Público tiene claridad de que su obligación es mejorar el estándar de las pesquisas. Así, respecto del caso Luchsinger, le parece que la escena del crimen debió resguardarse de mejor forma cuando ocurrieron los homicidios.

Se reunirán con Aleuy

En el mismo caso, y especialmente después de la lectura del veredicto, los fiscales pondrán bajo el escáner su propio trabajo. Para determinar qué se hizo bien y qué pudo haberse corregido.

El autoexamen, en todo caso, ya partió. Y continuará el martes, cuando se reúna la mesa interregional de violencia rural, en la que participarán los fiscales regionales de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, junto al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

En el Ministerio Público interpretan la presencia de Aleuy en la cita como una muestra de que mantiene un rol activo en los temas relativos al conflicto. Posición que había quedado en suspenso, luego de su cuasi renuncia al cargo, a raíz de la decisión del Ejecutivo que -presionado por la huelga de hambre- retiró la calificación de terrorista en su querella por el incendio del templo evangélico.

Los persecutores esperan poder seguir coordinándose con Aleuy. Más allá de que les genere "ruido" la postura ambivalente del Ministerio del Interior, que, pese a ser parte en algunos de esos procesos, tercia a veces en favor de los imputados.

Como en la causa del ataque al templo, donde los fiscales confían en obtener una condena. Principalmente, porque podrán esgrimir ante los jueces pruebas directas, entre ellas el testimonio de los feligreses, quienes reconocieron a los acusados.

 


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Uno de los comuneros absueltos en el caso Luchsinger celebra el fallo en los tribunales de Temuco. El Ministerio Público está analizando la posibilidad de impugnar el veredicto.
Uno de los comuneros absueltos en el caso Luchsinger celebra el fallo en los tribunales de Temuco. El Ministerio Público está analizando la posibilidad de impugnar el veredicto.
Foto:MARIO QUILODRAN


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