Ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas:
"Hay casos en que la normativa legal debería adecuarse a los grupos vulnerables"

Magistrado estuvo a cargo de un programa de acceso a la justicia de migrantes e indígenas, entre otros. Cree que deben ser atendidos en igualdad de condiciones.  

CINTHYA CARVAJAL A. 

El ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas concluyó el 25 de enero pasado el proyecto de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables.

Durante dos años, este capacitó a cerca de 2 mil profesionales, entre jueces, fiscales, defensores y funcionarios públicos sobre la administración de justicia para niños, niñas y adolescentes, migrantes, indígenas, mujeres y discapacitados.

Antes de iniciar sus vacaciones, el magistrado hizo una evaluación sobre su labor a cargo de este programa.

-¿Es necesaria una justicia diferenciada para los grupos vulnerables?

-En general, no. Hay casos en que la normativa legal debería adecuarse a los grupos vulnerables para que ellos no sigan la norma general, pero yo creo que más bien es un tema de acceso, de atención y de consideración de su problema.

Los grupos vulnerables deben ser atendidos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, a una jueza de familia le tocó atender a una persona sorda, y tuvo que suspender la audiencia. Nosotros, aparte de facilitar los accesos físicos, debemos tener también todo un sistema operativo de lenguaje que nos permita entendernos con las personas. Eso va a hacer que su acceso a la justicia sea correcto y puedan plantear sus puntos de vista adecuadamente.

-¿A qué debería adecuarse el Poder Judicial con estos grupos?

-En el tema indígena podría perfectamente haber medidas de protección de niños que fueran diferentes de las otras medidas comunes, para atender su sistema de culturalidad y no tengan que salir fuera de la región o del lugar. Yo tomaría medidas de esa especie. Ahí estamos extendiéndonos a un campo que no es exactamente la atención judicial, sino la atención completa de ellos.

-¿Qué se necesita para generar una justicia más amable para los grupos vulnerables?

-Falta sensibilización y la consideración de que la inclusión demanda eso: atender a todas las personas en su propia situación.

-¿Qué desafío tiene la justicia con estos grupos?

-El gran desafío es mantenerse actualizado, buscar las mejores formas de acceso. Hoy tenemos un lenguaje que estamos probando en algunos tribunales, tenemos en los tribunales monitores para que puedan ingresar las personas ciegas y hacer las consultas de cómo están sus causas.

Propone cambio en la Ley de Migración

-¿En qué debiera avanzar el próximo gobierno en esta materia?

-Se debe actualizar la ley de migrantes; tiene medidas que muchas veces no concuerdan con los tratados internacionales. Debemos tener una regulación de los migrantes que sea muy rápida, que sea muy operativa, y eso no es judicial. Es inconcebible que alguien pase más de 10 años tratando de tramitar su documentación. Eso incide en que las personas no cumplan y posteriormente sean expulsadas, se presenten reclamos que son rechazados porque llevan mucho tiempo en Chile, porque tienen raigambre, porque tienen lazos con familias, etc.".

-¿Cree que debería haber un control migratorio mayor?

-Si el control migratorio no está en contra de los derechos de las personas, es perfectamente factible que el Estado ejerza su función y sea eficiente, siempre que respete esos derechos. La idea es que el control se ejerza, porque el Estado es soberano y puede hacerlo, pero que sea sin discriminación y de manera respetuosa.

-¿Cuáles deberían ser las prioridades respecto al conflicto en La Araucanía?

-Yo diría que esto excede un poco el acceso a la justicia de las personas vulnerables, pero sí es dable expresar un deseo que el Estado logre un entendimiento en esta materia y que eso signifique que las partes queden conformes, que se pacifique y que La Araucanía siga progresando como corresponde que lo haga.

 Indígenas: Inadecuación de normas

El ministro Lamberto Cisternas ve como el principal problema con los grupos indígenas la "inadecuación de muchas normas a la situación específica del mapuche o de los otros pueblos indígenas en general. Eso es porque ellos viven muchas veces en lugares apartados, entonces los horarios y el sistema de atención no se compatibilizan con esa situación".

Agregó que "tienen una concepción del mundo muchas veces distinta a la que tiene el común de los ciudadanos, y en la medida en que el juez se coloque en esa perspectiva, la atención y el acceso a la justicia para ellos van a ser mejores".

En cuanto a los inmigrantes, cree que el conflicto que estos tienen a nivel de acceso a la justicia es en el ámbito de la familia.

"Están en una situación bastante precaria, entonces se suscitan problemas importantes del orden de la familia. Los tribunales están ya bastante golpeados, en el sentido de la demanda por la presencia de los migrantes en esta institución", comentó.

Sobre los menores, explicó que a nivel de acceso a la justicia no hay inconvenientes, y que el problema "está en la situación de aquellos menores que están abandonados o desvinculados de su familia que tienen que ser derivados a centros de asistencia. Ahí caemos en el gran problema que significa el Sename y sus organismos auxiliares de atención, que muchas veces no son capaces de responder para las medidas de protección o los destinos transitorios que determinan los jueces".

Añadió que hay un problema pendiente que tiene que "ver con recursos, organización y con otra serie de factores que yo creo que el país en algún momento va a tener que ponerse en serio a pensarlo y a tratar de resolverlo. Eso va más allá, o involucra a más aspectos de lo propiamente judicial".

En el ámbito de género, planteó que hay que seguir avanzando. Para ello, el Poder Judicial creó una secretaría de género en la Corte Suprema, "que ha hecho una labor muy intensa para concientizar incluso desde adentro sobre el tema".

Respecto de la discapacidad, afirmó que hay dos aspectos: la existencia de tribunales antiguos, que no tienen buenos accesos, a diferencia de los nuevos, y el tema del lenguaje, donde se está trabajando para que existe un interlocutor para sordos cuando concurran a tribunales.



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Cerca de 2 mil profesionales se capacitaron en el programa que encabezó el ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas.
Cerca de 2 mil profesionales se capacitaron en el programa que encabezó el ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas.
Foto:CHRISTIAN ZÚÑIGA


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