Su alto costo impide el acceso a enfermos de hepatitis C:
Ejecutivo argumenta "razones de salud pública" para permitir la importación de medicamento

La resolución fue firmada el 9 de marzo por la ex ministra de Salud. Con ello se busca poder importar genéricos de menor precio.  

Nadia Cabello 

Dos días antes de terminar el gobierno de Michelle Bachelet, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución en la cual, de manera inédita, declaró que "existen razones de salud pública" para permitir que un medicamento para combatir la hepatitis C que está patentado en Chile pueda ser importado o elaborado por actores distintos al laboratorio propietario.

Con la resolución se abre la posibilidad para que incluso el Estado pueda importar o elaborar el fármaco en el país a un menor precio y, con ello, hacer más accesible la terapia que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cura la enfermedad en el 95% de los casos.

Se trata del principio activo sofosbuvir y sus combinaciones con antivirales de acción directa. El medicamento está patentado en Chile por la compañía Gilead, y esos derechos de propiedad no permiten que se comercialicen otras versiones del fármaco más baratas. Lo mismo ocurre en gran parte de Latinoamérica, donde el alto costo es la principal barrera para adquirir el medicamento.

En otros países, como Egipto, no se le otorgaron los derechos de propiedad al laboratorio, y sí se producen versiones genéricas a menores precios.

Según agrupaciones de pacientes, el precio del fármaco podría bajar de US$ 7.800 a US$ 400 si se permite la compra de genéricos.

Argumentos

La resolución de Salud se firmó luego de un año de análisis. En marzo de 2017, la Cámara de Diputados, la Corporación Innovarte -especializada en temas de propiedad intelectual- y la Fundación Nuevo Renacer pidieron a la cartera pronunciarse sobre el caso.

Las agrupaciones argumentaron que la hepatitis C es un problema de salud pública y de alto impacto social; que los medicamentos destinados a su tratamiento tienen una alta efectividad, pero muy alto precio, y eso los hace inaccesibles en el país; y que existen versiones genéricas de los mismos productos a valores más bajos, pero que no están disponibles en el país, por los derechos de propiedad industrial otorgados.

Salud acogió esos argumentos y emitió la resolución. "Eso significa que se podría presentar una demanda ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para obtener una licencia no voluntaria, que significa que si se obtiene, el medicamento se podría importar o producir en el país, seguramente a cambio de un pago al laboratorio dueño de la patente", afirmó Luis Villarroel, director de Innovarte. Y agregó: "Lo más lógico sería que fuera el propio Ministerio de Salud el que iniciara el trámite".

Al respecto, el ministro de Salud, Emilio Santelices, se limitó a afirmar: "Este ministerio ha definido que todas aquellas intervenciones que permitan generar un acceso a medicamentos de menor costo y que mantengan su calidad, son la política correcta".

"El Mercurio" solicitó su opinión al laboratorio Gador, autorizado por Gilead para vender el producto en Chile, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Prevalencia
Se estima que en Chile, 150 mil personas tienen hepatitis C, la mayoría no diagnosticada.
 Enfermedad

La hepatitis C es una enfermedad crónica causada por un virus que afecta el hígado. Se contrae, principalmente, por contacto con sangre infectada.

Entre 1997 y 2016, en Chile se notificaron 5.422 casos de hepatitis C. Pero se estima que es una enfermedad con un alto subdiagnóstico y que serían cerca de 150 mil las personas que tienen la enfermedad.

El plan AUGE entrega medicamentos con antivirales de acción directa para la hepatitis C, pero debido a su alto costo, esto solo ocurre para los casos con la enfermedad más avanzada, actualmente son unas 300 personas afiliadas a Fonasa.



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Durante más de un año, el Ministerio de Salud estudió la solicitud planteada por parlamentarios y actores de la sociedad civil.
Durante más de un año, el Ministerio de Salud estudió la solicitud planteada por parlamentarios y actores de la sociedad civil.


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