Lamberto Cisternas, ministro de la Corte Suprema
Prevención del delito: "Las autoridades han hecho reiterados esfuerzos, pero en muchos casos no han sido efectivos "

El juez de la Sala Penal aborda los nudos críticos del sistema y las presiones a los magistrados: "La generación de un ambiente en contra de los jueces para decir que tienen la culpa poco menos de la delincuencia, es una forma de presión indebida".  

Andrés López 

Es un magistrado que ha estado desde sus inicios en el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal en Santiago (junio de 2005), primero como miembro de la Corte de Apelaciones y ahora desde la Corte Suprema. Lamberto Cisternas (73) integra actualmente la Segunda Sala del máximo tribunal -fue nombrado en 2012 por el Presidente Sebastián Piñera-, la que se dedica a ver causas penales, recursos de amparo y nulidad de juicios, y sus decisiones -junto a las de los otros jueces de esa instancia- han tenido impacto dentro de varios casos de relevancia pública, como la Operación Huracán y Nabila Rifo. El magistrado accedió a conversar con "El Mercurio" para analizar los nudos críticos del sistema penal, las críticas a los jueces y la prevención de delitos.

-¿Cómo evalúa el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal?

-Mi impresión es que ha funcionado bien. Ha tenido algunos problemas, los que naturalmente han hecho también algunos ajustes. Esto, muchas veces, obedece a percepciones que se tienen desde el ámbito de la administración o político, los que no necesariamente contravienen la idea central que se sostuvo al formular la reforma. Creo que ha sido positiva.

-¿En qué se nota?

-Pasamos de un sistema inquisitivo en el imputado no tenía muchas posibilidades de defensa inmediata y donde el sistema escrito resultaba un poco demoroso. El derecho a la defensa está absolutamente claro en este momento. Para algunos, quizás hemos pasado abruptamente de un sistema en que la defensa era muy compleja y bastante limitada, a uno en que hay una muy activa. La defensa hace presente al tribunal todos los inconvenientes y muchas veces tiene que darles la razón. Esto no va contra la fiscalía, sino que son las reglas del juego.

-¿Cuáles son los nudos críticos del sistema?

-Esto obedece a una cierta dinámica, la que varias veces tiene mucha urgencia en el proceso de investigación y detención. Allí suele acontecer que no se respetan todas las etapas como corresponde o todos los derechos de las personas. Si no cumplimos con todas las fases y no respetamos todos los derechos, no importa que descubramos un delito extraordinario. Si el Estado actúa bien en la persecución, va a tener determinados resultados que van a ser valorados. Si no actúa bien y obtiene unos magníficos resultados a la luz de la opinión pública, eso se va a caer. Hay problemas muchas veces en el respeto de estas etapas preliminares. Luego nos encontramos con problemas de reincidencia, tanto en adolescentes y adultos.

-¿Qué ocurre con la reincidencia?

-Esa reincidencia, en principio, no debiera tener una importancia inmediata para que dispongamos la prisión preventiva. En el nuevo sistema, el magistrado es un árbitro entre la fiscalía y la parte querellante, con la defensa. Las estadísticas muestran que estamos en el 90% de las aceptaciones de las prisiones preventivas pedidas por la fiscalía. A veces, hay situaciones de gran impacto en que el público, de inmediato poco menos (señala que) debía de aplicarse la pena de muerte, estoy haciendo una exageración, y resulta que tenemos que recorrer un camino que es el desenvolvimiento del juicio, hasta tener una sentencia definitiva, que nadie puede asegurar que sea cien por ciento correcta y que haya pasado todo cien por ciento bien. Porque, como es un proceso llevado entre humanos, es perfectamente posible que tenga algunos errores. Se trata de que tenga los menos, ojalá ninguno.

-¿Cómo se puede tomar en cuenta durante el proceso o la formalización, la reincidencia para que no ocurran casos como el asalto de La Reina, donde el imputado tenía siete condenas anteriores cuando era adolescente y terminó con la vida de una persona por un robo?

-El Derecho Penal sanciona las conductas. No puede ser que una persona que tenga antecedentes en su prontuario -por el solo hecho de que la policía le impute y el fiscal lo respalde- vaya a quedar de inmediato detenido porque tiene tres o cuatro condenas anteriores. Tiene que haber algo más que lo vincule, no puede ser determinante porque eso va derechamente contra garantías constitucionales fundamentales.

-Pero en ese intertanto en que la persona está en libertad pueden ocurrir otros ilícitos.

-Bueno, ese es el riesgo que asume el sistema al establecer estos principios y estas garantías. Cuando usted establece ciertas reglas que respetan determinados derechos, está asumiendo ciertos riesgos. Si no, tendría que decir que la persona imputada tiene detenciones anteriores quedará en prisión preventiva. Estoy casi seguro de que esa norma no pasa por el Congreso o no pasa por el Tribunal Constitucional. Se ha escuchado la idea de que esta conducta pretérita indebida tenga alguna incidencia tratándose de jóvenes, porque la Ley Penal Adolescente no lo permite. Es un manera de enfocarlo, es una decisión política de la autoridad que gobierna y del Poder Legislativo para decir 'ya estamos cansados y vamos a tomar en cuenta esta reincidencia en caso de los jóvenes'.

-Pero a veces se decretan acuerdos o trabajos comunitarios para los jóvenes y no se cumplen, no se fiscalizan debidamente.

-Siempre es bueno que la infracción no tenga costo cero. Eso es una cuestión clara. Si en algún momento la sociedad decide cambiar las reglas, aplicaremos esos cambios.

Presiones a jueces

-¿Qué puede decir de las críticas hacia los jueces que dejan en libertad a reincidentes y que se les acusa de garantismo?

-Lo que sucede es que estas cosas se pueden afirmar en general, pero luego de estudiar el asunto, uno tiene que ver cómo están las cosas en la realidad, cómo se mueven las cifras, determinar cuál es la incidencia. Y si uno ve que en la realidad el 80%, por decir un porcentaje, de los delitos que ahora están cometiendo los jóvenes son efectuados por reincidentes, podrá enfocar la ley en uno u otro sentido. Ahora, en este tipo de asuntos, la ley está permanentemente en actualización. Porque hoy uno dicta la norma y con eso no encuentra la solución definitiva. Primero porque a lo mejor no le acertó exactamente a lo que tenía que hacer y segundo porque la sociedad reacciona, tiene acomodos. Esto tiene que irse estudiando para que se vaya adaptando, porque ciertamente a la sociedad le conviene una mayor prevención del delito y mayor seguridad, todos estamos gritando por eso.

-¿Han sido efectivas las políticas de prevención de los delitos en estos últimos años?

-Yo creo que las autoridades han hecho reiterados esfuerzos, pero parece ser que en muchos casos no han sido efectivos.

-Otro de los puntos que se ha analizado es la situación de la prisión preventiva. ¿Hay una exceso de esa medida cautelar actualmente?

-Creo que no. Es el Ministerio Público el que debe solicitar la prisión preventiva y la respuesta de los jueces está en un noventa por ciento de forma positiva, es decir se decreta. Está concebida como una medida de último recurso en el sistema, el juez solo la dispone en los casos que se la pidan o que la vea como el último recurso. Ciertamente puede equivocarse, ciertamente hay jueces que son más favorables a la libertad que a la prisión preventiva o hay otros que son más favorables a esa cautelar. En el caso de los magistrados, lo que tiene que preocuparnos es cuando ellos se salen de sus facultades y cuando son presionados para que no tengan la independencia que corresponda.

-¿Cómo se ven esas presiones?

-Las presiones pueden venir de las partes (de un proceso judicial), de las autoridades, de los medios de comunicación. Pueden ser directas o indirectas, en el sentido de que puede ser inductivo a que el juez comience a sentir muy duramente un ataque por su forma de decidir, en circunstancias de que lo está haciendo dentro de los márgenes que la ley le proporciona. Usted me podrá decir, 'bueno, el juez tiene que tener los pantalones bien amarrados y decidir'. Pero la generación de un ambiente en contra de los magistrados para decir que los jueces tienen la culpa poco menos que de la delincuencia, es una forma de presión indebida. El Presidente de la Asociación de Magistrados ha reclamado por esto. Y yo le encuentro razón. El que tiene que estar convencido es el juez. Este no puede ser obligado a resolver contra su convicción y esta la adquiere a través de los medios de prueba o antecedentes que le proporcionen. Puede que algunos se equivoquen y para eso están las medidas recursivas.

- A raíz de lo señalado el viernes por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿cree que hay casos en que los jueces desechan el trabajo de las policías y la fiscalía?

-Me parece muy loable que se coordinen todos los entes que intervienen en la secuencia de administrar justicia. Los fiscales presentan el caso, piden penas -que no siempre son las más altas- y entregan pruebas; la defensa -que muchas veces es la pública, proporcionada gratuitamente por el Estado- contraargumenta, objeta los cargos y pide absolución o penas más bajas; los jueces deciden con imparcialidad e independencia, ponderando ambas ponencias. No parece necesario ni conveniente recomendarles tanto que apliquen las penas más altas, porque puede entenderse que se les pide que solo consideren la petición del acusador y que abandonen la función que la Constitución y la ley les encarga.

 La reacción de la sociedad ante delitos de alto impacto

-¿Hay fallas en el control de identidad preventivo?

-Estamos en una etapa del control preventivo que es posterior a la última reforma (2016). Yo diría que por ahora es un poco prematuro hacer una evaluación. La Corte ha sido muy categórica en el sentido de que si el control se hizo antes de la reforma debe cumplir con más de un indicio, si es posterior se debe hacer con un indicio. Pero en ambos casos ha exigido que estos tengan relevancia, sean trascendentes. Si el tipo va, le levanta la mano y le hace un gesto folclórico al policía, eso no es un indicio de que está cometiendo un delito, es una odiosidad, temeridad, una tontera.

-¿Cree que algunas normas se tramitan aceleradamente luego de un caso de alto impacto público?

-Hay muchos delitos que son llamados de creación política, particularmente los que tienen que ver con las cuestiones bancarias, financiamiento, traslados de dineros. Entonces de inmediato la sociedad reacciona y pone una norma prohibitiva, porque nunca se imaginó que alguien haría una cosa así. En todo ámbito sucede esto. Lo deseable es que no fuera así, pero tampoco se puede pedir que la sociedad no reaccione generando una norma inmediata para sancionar algo que le parece indeseable.

Críticas del Gobierno tras liberación de detenidos con armamento por juez de San Antonio

-En el caso de lo ocurrido con el juez de San Antonio, ahí también se cuestionó la resolución del juez, incluso el Gobierno presentó un recurso de queja contra el magistrado.

-Ese es un caso concreto en el cual el Gobierno se ha hecho parte, y al hacerlo es parte de un juicio. Entonces, no puedo hacerme cargo de las opiniones de la parte de un juicio porque puede suceder que eso llegue a mi sala, porque es tema penal. Por eso no puedo opinar sobre eso ni respecto de las circunstancias de las autoridades que emiten opiniones sobre lo que hacen los jueces.

"Es bueno que permanentemente se esté haciendo una revisión crítica del sistema"

-El Ministerio de Justicia ha instaurado una serie de comisiones para revisar el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal y se analiza el uso de los archivos, suspensiones condicionales y salidas alternativas en los casos. ¿Cree que hay un exceso de uso de estas medidas?

-No percibo un uso excesivo, pero estoy de acuerdo en que se estudie. Este es un sistema nuevo. Puede ser muy prudente hacer una evaluación.

-¿Qué es lo que falta por hacer en el sistema penal?

-Es bueno que permanentemente se esté haciendo una revisión crítica del sistema. Hay una comisión que está analizando la reforma, pero seguramente lo hace desde un punto de vista de un funcionamiento casi administrativo. Creo que sería bueno que las autoridades encargaran estudios a entidades académicas, que periódicamente estuvieran dando los resultados y las percepciones que existen y vayan alimentado o nutriendo las posibilidades de reforma o actualización. Ahora, cuando la gente pide que todos estén en recintos penales o presos, hay que hacerse cargo de que eso le cuesta al Estado una cantidad importante de recursos, no solo por la mantención de las personas porque debe ser digna, dado que ellos son condenados a la privación de libertad y no a la miseria, la promiscuidad o al desorden. Hay que hacer unos equilibrios en todas estas cuestiones que están implícitas en el sistema.



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Foto:Felipe VArgas Figueroa


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