Proceso de paz en Colombia:
Ex guerrilleros de las FARC llegan al Congreso sin rendir antes cuentas a la justicia

Ocho ex comandantes asumieron sus cupos en el Senado y la Cámara de Diputados. Dos no lo hicieron.  

Erika Lüters Gamboa 

Luego de medio siglo de lucha armada, ocho ex integrantes de las FARC, la guerrilla que sembró el terror y la muerte en Colombia, ocupan desde ayer asientos en un Congreso dominado por la derecha, a donde llegaron debido a los acuerdos de paz firmados en 2016 y sin haber rendido cuentas ante la justicia.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como bautizó la guerrilla a su partido político después de la desmovilización de sus casi 7.000 integrantes, tiene derecho a ocupar cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados hasta 2026, aunque no tengan los votos. En las últimas elecciones, las primeras en las que participaron los ex rebeldes, obtuvieron 85.000 sufragios en un universo de decenas de millones de votantes.

"Señores congresistas del partido FARC: ahora que han dejado las armas... ¡Bienvenidos a este templo de la democracia!", les manifestó el Presidente Juan Manuel Santos al inaugurar las sesiones del Congreso.

De las diez curules garantizadas, solo ocuparon ocho. Entre los posesionados estuvieron los ex comandantes Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, y dos mujeres: Victoria Sandino y Sandra Ramírez, mujer de fallecido fundador de la guerrilla Manuel Marulanda, alias "Tirofijo".

"La paz está abriendo posibilidades de que lleguen voces alternativas al Congreso", dijo Lozada, quien fue jefe de milicias de la guerrilla izquierdista.

Iván Márquez, ex comandante de las FARC y jefe negociador rebelde en Cuba, no se posesionó arguyendo la "desfiguración" del acuerdo de paz y en protesta por el arresto de su compañero Jesús Santrich. Este fue detenido y solicitado en extradición por Estados Unidos por conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína.

Santos admitió que "a muchos no les gustará verlos en este escenario del debate y la civilidad", aludiendo al amplio rechazo que genera en al menos la mitad de los casi 50 millones de colombianos la llegada de los ex rebeldes al Congreso, tras haber participado en un conflicto que dejó unos 220.000 muertos y millones de desplazados.

"Hay un enorme rechazo a la participación política de los ex combatientes. Pero ese es el núcleo del Acuerdo de Paz. Dejar la violencia por participar en política, por eso es el punto más divisivo del Acuerdo. Hay una gran demanda insatisfecha por una justicia de reivindicación y punitiva, que castigue a las FARC", dijo a "El Mercurio" Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.

Esa demanda ciudadana es uno de los puntos que el Presidente electo, Iván Duque, quien asumirá el poder el 7 de agosto, tiene marcados en su agenda. El futuro gobernante ha prometido que buscará hacer modificaciones al acuerdo de paz porque considera que es indulgente con los ex combatientes.

Duque, perteneciente al partido de derecha Centro Democrático, que es dirigido por el ex Presidente Álvaro Uribe, tiene 51 de los 280 escaños del Congreso, y deberá formar alianzas para la aprobación de las reformas económicas y sociales.

"Congreso con personas condenadas por delitos atroces, sin reparar víctimas, sin cumplir sanciones simbólicas, inadecuadas", escribió el también senador Álvaro Uribe.

Para Pedro Medellín, analista político, es "una deficiencia en la legislación del Congreso ha privilegiado los derechos de los victimarios a participar en política por encima de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia".

Quienes estuvieron involucrados en el conflicto son investigados y juzgados por la Jurisdicción Especial de Paz, que contempla eximir de penas a quienes confesen sus delitos. Su primera audiencia se realizó el viernes pasado y a ella acudieron 32 ex jefes guerrilleros, incluido su máximo líder, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko".

No todos los ex combatientes deben ser tratados de la misma manera y los analistas hacen la diferencia entre quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. "La justicia transicional parte del principio de que existe un honor militar de combatir a otro en condición de igualdad. Quienes requieren de castigo son aquellos que utilizando su fuerza sometieron a indefensos", dice Medellín.

El experto pone como ejemplo a Iván Márquez, uno de los acusados por el atentado contra el club El Nogal, donde murieron 36 personas y más de 200 quedaron heridas, el 7 de febrero de 2003, en Bogotá. "En ese lugar las FARC colocaron un auto cargado con 200 kilos de explosivos con el objetivo de colapsar un edificio en el que en ese momento había 800 personas", recuerda.

En Colombia no existe la inmunidad parlamentaria, pero sí el fuero que es válido solo para delitos que son cometidos durante el ejercicio como congresista. Mientras los ex rebeldes están siendo procesados gozan de libertad condicional transitoria. Pero en caso de ser hallados culpables no irán a la cárcel. "El Acuerdo no contempla penas de prisión, solo habla de restricción de libertad con sujeción en sitios especiales de reclusión", acota Restrepo.

 


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Los integrantes del partido FARC asistieron a la instalación del nuevo período de sesiones del Congreso con pancartas que rezaban Convergencia por la esperanza, en referencia a la alianza que reúne a partidos de izquierda y centro partidarios de la paz.
Los integrantes del partido FARC asistieron a la instalación del nuevo período de sesiones del Congreso con pancartas que rezaban "Convergencia por la esperanza", en referencia a la alianza que reúne a partidos de izquierda y centro partidarios de la paz.
Foto:EFE

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