Fue presentado en junio de 2018, tres meses antes de que asumiera el cargo con sede en Ginebra:
Los detalles del duro informe sobre Venezuela que Bachelet recibió de su antecesor

Tres meses antes de que la expresidenta asumiera como alta comisionada, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein entregó un crítico informe -de más de 70 páginas- en el que se detallan torturas, secuestros, detenciones ilegales y otras violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esta semana, la gestión de Bachelet motivó un duro debate antes de la declaración del Grupo de Lima.  

Matías Bakit 

El debate comenzó tras la intervención del canciller argentino, Jorge Faurie. El lunes pasado, durante el encuentro del Grupo de Lima, que se realizó en Canadá, los cancilleres de los países de la región realizaron una amplia evaluación al rol que ha jugado en la crisis de Venezuela la expresidenta y alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La discusión terminó en un borrador de acuerdo y, posteriormente, en el punto ocho de la declaración conjunta, que la interpelaba: "Urge a responder de inmediato a la grave situación de los derechos humanos en ese país".

Al día siguiente habló el vocero del Alto Comisionado, Rupert Colville. "No tiene sentido ir a Venezuela si es que no se puede lograr algo", dijo a "El Mercurio". La respuesta, en general, no ha variado. Existe preocupación y un monitoreo permanente de la Oficina, pero no hay planes de visitar Venezuela. Sí es posible que, en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos, en marzo, el tema se tome la agenda y se pida a la exmandataria hacer un informe oral, previo al escrito, que se espera para junio.

La alta comisionada abordó la situación el 25 de enero, dos días después de la proclamación de Guaidó: expresó que cualquier incidente violento que resulte con personas muertas o heridas, tiene que ser investigado de manera independiente e imparcial, para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por las autoridades. "O si el crimen fue cometido por miembros de grupos armados, ya sean progubernamentales o no", agregó.

Esta semana, sin embargo, no aludió mayormente a la crisis venezolana. Sus mensajes en redes sociales se centraron en el cambio climático, la migración y la contribución de las empresas a la Agenda 2030 de la ONU. Su oficina, además, emitió una declaración por los hechos de violencia en Nicaragua, y en algunos círculos diplomáticos comenzó a instalarse la idea de que la línea que ha trazado frente al gobierno de Nicolás Maduro no ha sido igual a la de su antecesor, el príncipe jordano Zeid Ra'ad Al Hussein.

Dos meses antes de que Bachelet asumiera en su cargo, en junio de 2018, el antiguo alto comisionado de los Derechos Humanos dejó un informe titulado "Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin". En el texto apuntó directamente a Maduro: "Hay un sistema amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para este".

En esos días, el Presidente venezolano lo tildó como "una garra del Departamento de Estado que está inserto como un tumor en el sistema de derechos humanos".

Responsabilidad del Estado

En el documento del príncipe jordano, de más de 70 páginas, se examinan "diversas cuestiones sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así como sobre el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias en caso de violaciones graves de los derechos humanos".

En la introducción se detalla que el foco se pone en las autoridades del Estado.

"Documenta las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada. Además, el informe documenta otras violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014", se lee.

Se aclara, eso sí, que el gobierno venezolano no permitió que la oficina del Alto Comisionado tuviera acceso al país. Por ello, la información se recopiló "a través de observaciones realizadas desde fuera del país. Esto incluyó la realización de 150 entrevistas con víctimas y testigos, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios, y el examen detenido de numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes".

Dentro de los puntos principales en los que pone énfasis el informe está que, a la fecha del estudio, el sistema democrático en Venezuela estaba claramente "erosionado". Asimismo, expresa que las instituciones estatales controlan de cerca la información sobre asuntos públicos de importancia capital".

El documento de la oficina del Alto Comisionado enfatiza en que las autoridades estatales tienen como práctica recurrente "criminalizar las protestas e imponer restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica".

"Las fuerzas de seguridad, notablemente los servicios de inteligencia, han realizado detenciones en contra de quienes están en condiciones de movilizar y organizar a las personas, o que son miembros de ciertos grupos sociales. Entre estos se incluyen activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas. Según datos publicados por la ONG Foro Penal Venezolano, al menos 570 personas, 35 de ellas niños, fueron detenidas arbitrariamente del 1 de agosto de 2017 al 30 de abril de 2018 en el Distrito Capital y en 20 estados del país", dice el informe.

En él se detalla que muchas de estas detenciones se convirtieron en desapariciones forzadas breves, ya que, explica, es usual que las autoridades se nieguen totalmente a entregar cualquier tipo de información sobre los arrestados a sus familiares: "Se documentó más de media docena de casos de personas arrestadas por miembros de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia que fueron llevadas a centros de detención no oficiales donde fueron retenidas por hasta una semana antes de que fueran liberadas sin ser presentadas ante un juez".

Testimonios

En el texto entregado en junio de 2018 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se estudiaron más de 90 casos de personas privadas de libertad que sufrieron de tortura en las instalaciones del servicio secreto (SEBIN) o las fuerzas armadas.

"Un estudiante universitario, detenido por más de seis meses, relató al ACNUDH que había recibido descargas eléctricas y golpes, y que fue asfixiado con una bolsa de plástico e introducido en agua fría mientras los agentes de la inteligencia militar lo interrogaban sobre sus relaciones con los líderes de la oposición. Un abogado explicó que, además de haber sido sometido a descargas eléctricas, incluso en los genitales, su cliente había sido desnudado por los guardias, atado a un vehículo y arrastrado por un camino de piedras más de cien metros. Por su parte, un periodista retenido en una cárcel militar dijo que fue castigado sin beber durante tres días", indica.

El documento constata, además, 1.002 violaciones cometidas en 2017 contra el derecho a la libertad de expresión, como persecuciones judiciales contra medios de comunicación y periodistas. Estas tuvieron lugar, principalmente, durante los períodos en que había más protestas contra el gobierno de Maduro.

Comisión investigadora

La Oficina del Alto Comisionado concluye que "los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos deben monitorear la situación en la República Bolivariana de Venezuela, y considerar la adopción de medidas apropiadas, a fin de evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos".

Para ello, específicamente, pide que los países deben establecer una comisión internacional para investigar las violaciones que suceden en ese país.

Además, les recomienda a "las autoridades conducir un nuevo proceso de selección para designar al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y los estándares internacionales".

También propone al gobierno de Maduro establecer un plan para terminar con la participación de las fuerzas militares en las funciones de seguridad pública y policiales. Igualmente, le solicita al Ejecutivo, "abstenerse de interferir en la independencia del Poder Judicial y debería tomar medidas para restaurar la independencia del sistema de justicia; como, por ejemplo, elegir a los jueces conforme a estándares internacionales".

La reunión en Ottawa

Es con estos antecedentes que muchos de los países del Grupo de Lima querrían una acción más concreta de la expresidenta en medio de la crisis de Venezuela. Se cree que hay otras formas en las que Bachelet podría presionar a Maduro, como refiriéndose a la demanda ante la Corte Penal Internacional de la que la OEA es parte y el Grupo de Lima apoya, o estando presente en las reuniones del Consejo de Seguridad, para hablar sobre el tema.

Ya la semana pasada, en el gobierno se reconocía la posibilidad de que, en la Cumbre de Cancilleres del Grupo de Lima, que se realizó en Ottawa, pudiera haber una manifestación formal de presión a la alta comisionada de la ONU.

Lo clave era que, en ningún caso, Chile podía aparecer liderando esa iniciativa. De hacerlo, se consideraba que lo más probable era que se generara un frente con la izquierda chilena, desviando la atención del tema.

Por eso no sorprendió cuando, en el plenario de la reunión, Argentina tomó la palabra para referirse a eso.

Lo que sí sorprendió fue el tono, muy crítico, que usó el ministro Faurie, que, de acuerdo con presentes, usó varios minutos de su alocución para destacar la falta de acción de la oficina de Bachelet.

Algo con lo que Canadá, el país organizador y que dirigía el debate, manifestó estar de acuerdo. Luego se habrían sumado, con tonos más bien críticos, países como Guatemala, Paraguay, Colombia y Perú.

No hubo, según los entendidos, ningún país que quisiera disentir respecto de ese debate. Una discusión en la cual el canciller Roberto Ampuero mantuvo silencio.

Así surgió el punto 8 de la declaración del Grupo de Lima que interpela a la expresidenta. La frase, dicen en círculos diplomáticos, era originalmente mucho más dura.

Argentina lideró las críticas contra Bachelet en la Cumbre de Ottawa. También se sumaron Guatemala, Paraguay, Colombia y Perú. Chile no participó del debate.

"Documenta las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada", señala el texto.

El documento sugiere a Maduro "abstenerse de interferir en la independencia del Poder Judicial y debería tomar medidas para restaurar la independencia del sistema de justicia".

 "La izquierda tiene que aprender a poner la democracia por encima de cualquier objetivo"

Cuenta el analista, escritor y columnista venezolano Moisés Naim que para él, la situación de su país ya sobrepasa lo que puede explicar el periodismo, o lo que pueden interpretar las teorías económicas. Es por eso, explica, que decidió volcar muchas de sus ideas en clave ficción en la novela "Dos espías en Caracas".

"Es mi manera de interpretar lo que sucedió en la Venezuela de Chávez", dice a "El Mercurio".

Sin embargo, no se ha olvidado de la realidad diaria de la crisis de su país, en donde ha observado, gratamente sorprendido, la irrupción de Juan Guaidó como Presidente encargado.

"Me ha sorprendido el talento político que ha demostrado. Ha llenado a Venezuela de esperanza, ha unido a la oposición a un grupo que ha tenido momentos muy fracturados, pero que ahora se unió. Todo el mundo lo apoya en bloque. Él, por cierto, llega en los hombros de los líderes de la oposición que han sufrido exilio, torturas, encarcelamientos, descalificaciones, violencia. Hay héroes, como Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Henrique Capriles. Hay una larga lista de héroes que llevan años siendo perseguidos, hostigados y amenazados y nos han traído hasta aquí, con un joven, cuya gran sorpresa es que su mera presencia, su estilo, ha llenado a un país deprimido de esperanza", dice.

De todas formas, reconoce que la situación actual, con dos presidentes, no es sostenible en el tiempo. "En algún momento tiene que haber un desenlace, y ojalá venga del lado de la libertad y la democracia. Tienes un gobierno reconocido por casi todas las democracias del mundo. Alemania, Francia, España, los países escandinavos, Estados Unidos, Canadá, América Latina. Y todos repudian a Maduro. Y Maduro tiene el apoyo de las dictaduras del mundo".

-Por años, varios integrantes de la izquierda latinoamericana han apoyado a Nicolás Maduro. ¿Cree que eso pueda estar cambiando ahora?

-Pareciera ser que sí. La izquierda tiene que poner la libertad al frente de sus prioridades y sus requisitos. No hay ninguna política económica o social que justifique la falta de libertad, la represión o el autoritarismo de un gobierno. Eso es el pasado. En estos momentos es mucho más importante decidir si se está a favor de la democracia o de la autocracia que ser de izquierda o de derecha . Y la izquierda tiene que aprender a poner la libertad, la democracia, por encima de cualquier otro objetivo.

-¿Qué opina de la actuación de Chile en la crisis? ¿Del Grupo de Lima?

-En general, creo que los grupos multilaterales sirven más que nada para hacer fotos de los líderes y tienen pocas consecuencias prácticas. No ha sido el caso del Grupo de Lima. Este ha tenido consecuencias prácticas, está operando de una manera muy eficiente, está liderando un proceso, además, para neutralizar el intento de diálogo de la comunidad europea que solo contribuiría a refrescar el régimen de Maduro.



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La Portada del informe, de junio de 2018, que dejó el ex alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.
La Portada del informe, de junio de 2018, que dejó el ex alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.

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