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Viernes 16 de Febrero de 2001

Anuncian Presentación de Otras:
Tribunales Ya Estudian Millar De Querellas por Torturas

Gobierno pidió que debate sobre el tema se haga con altura de miras y que acciones ante la justicia se asuman con responsabilidad.
Una baja acogida alcanzó entre las agrupaciones de derechos humanos el planteamiento hecho por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, en orden a acotar las denuncias ante los tribunales a los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Representantes de dichos organismos confirmaron ayer que en marzo próximo presentarán ante la justicia un centenar de querellas referidas a apremios ilegítimos cometidos durante el régimen militar e hicieron ver que la preocupación del Ejecutivo sobre la materia es tardía, por cuanto ya se encuentran en manos de jueces de la República más de un millar de querellas por este delito.

Pese a lo anterior, el ministro José Miguel Insulza reiteró su llamado a obrar con prudencia y postuló que este debate, fundamental para el país, debe hacerse con altura de miras y tranquilidad.

Sus palabras encontraron eco en otras autoridades de Gobierno que hicieron ver la necesidad que todas las denuncias por querellas se asuman con responsabilidad.

Es así como los ministros de Defensa y Secretaria General de Gobierno subrogante, Mario Fernández y Carolina Tohá, respectivamente, concordaron con el jefe de gabinete en el hecho de que los ciudadanos hagan un esfuerzo por colaborar con el proceso de búsqueda de la verdad conjuntamente con mirar por la convivencia nacional.

Ambos aseguraron que con sus palabras Insulza no ha pretendido inhibir el derecho de las personas de querer recurrir a la justicia, cuestión a la que se plegó también el senador socialista José Antonio Viera Gallo, quien hace algunosdías puso el tema en el tapete al plantear que las querellas por torturas son inconducentes.

Las expresiones de Insulza, que han generado polémica dentro de las agrupaciones de derechos humanos, no obedecen - según se explicó- a una posición aislada dentro del Ejecutivo.

Fuentes calificadas indicaron que el tema ha sido analizado y es compartido por el Presidente Ricardo Lagos, quien ante los últimos acontecimientos cree necesario que este tema se aborde con racionalidad.

El llamado de Insulza sí encontró acogida en la centroderecha porque estaba en el camino correcto hacia la reconciliación. Igualmente el ex ministro del Interior del gobierno militar Sergio Onofre Jarpa, dijo que de proliferar las querellas por torturas se debería buscar una salida, tal como él lo hizo en 1990 con la reforma que le permitió al ex Presidente Aywin indultar a terroristas procesados en el gobierno militar.

Actuar con
Responsabilidad

Ayer, el jefe de gabinete salió al paso de posibles erradas interpretaciones, afirmando que nunca ha estado en contra del derecho de las personas de ir a los tribunales, que sólo se ha referido a los hechos de 1973 y que sólo cuestionaba la conveniencia de ello. "Uno puede usar la palabra prudencia, otro la palabra responsabilidad", acotó.

En esa línea, la ministra Tohá remarcó que está fuera de toda discusión el respeto del Gobierno al derecho de los chilenos de recurrir a los tribunales si así lo consideran y que no es la idea de la autoridad sindicar que quienes lo hagan "están haciendo algo que es dañino para la sociedad".

Frente a la avalancha de querellas que se podrían presentar, prefirió no ponerse en esa hipótesis aunque indicó que una democracia debe estar preparada para enfrentarlas.Expresó su confianza en que si las personas actúan buscando contribuir con el país y las instituciones responden "no hay nada que temer".

Una Tardía
Recomendación

Para el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras la petición del ministro Insulza llegó a deshora, pues hace un año ya fueron presentadas tres querellas específicas que comprenden más de mil casos ante el juez de fuero Juan Guzmán y que fueron acumuladas en la causa que investiga el magistrado.

Además, la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos anunció que en marzo presentará una querella que comprende cien casos y su presidente, Carlos Valero, no descartó que ésta se adelante por el escenario que se generó a partir de las denuncias contra el general de la FACh Hernán Gabrielli. "Es propicio para avanzar en la justicia", dijo.

En tanto, Berta Ugarte, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valoró la presentación de los recursos judiciales y reconoció el derecho de "los sobrevivientes a buscar justicia y reparación".

Eduardo Contreras afirmó que el primer recurso lo presentó el 28 de enero del año pasado en representación de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos y consideró 689 de los casos más acreditados que habrían ocurrido en Villa Grimaldi, los estadios Nacional y Chile y los recintos de detención de Tres y Cuatro Alamos.

La querella está dirigida contra el senador Pinochet - como autoridad mediata de los hechos desencadenados a partir del 11 de septiembre de 1973- , Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito y Miguel Krasnoff Marchenko por los delitos de asociación ilícita y aplicación de tormentos castigados por el Código Penal.

El 80 por ciento de los casos acreditados en el recurso habrían ocurrido en Villa Grimaldi, dijo Contreras.

Estos casos fueron excluidos por el ministro Insulza de su llamado, quien manifestó que se debe perseguir la responsabilidad en los hechos cometidos por el sistema represivo del regimen militar.

Luego el abogado sumó otra querella ante el mismo magistrado por 50 chilenos que viven en Francia, Finlandia e Inglaterra y que está dirigida contra la Dina por los mismos tipos penales perseguidos en el primer recurso.

Contreras explicó que la tramitación de estos libelos se ha visto postergada por el avance del caso de la "comitiva militar", pero enfatizó que ya fueron acogidos y que se ha tomado declaración a algunos de los afectados.

Posteriormente y en representación de la misma agrupación de ex presos, el abogado Hugo Gutiérrez interpuso una querella, el 19 de mayo de 2000, por 70 casos y el 26 de julio adicionó 267 incidentes.

Sin embargo, estas tres querellas no son las únicas que arguyen el delito de tortura. En las causas acumuladas por el juez Guzmán, interpuestas por secuestro, detención ilegal, desaparición, homicidio e inhumación ilegal, también se considera la tortura como delito a investigar.

Son los casos de las querellas presentadas por el Colegio de Periodistas de Chile, en noviembre de 1998; la interpuesta por Roberto Menanteau, en agosto de 1999, y la presentada por 15 sobrevivientes de Pisagua, patrocinada por la abogada Julia Urquieta en enero del año pasado.

Posibilidad de
Reparar A Víctimas

Simultáneamente, la posibilidad de que las víctimas de torturas y otro tipo de apremios ilegítimos reciban algún tipo de reparación quedó planteada ayer luego que se abriera el debate sobre lo conducente o inconducente que resultaría llevar estos casos a los tribunales.

El senador socialista José Antonio Viera Gallo, al planteársele tal eventualidad, no la descartó e insistió en que ve impracticable y difícil que cada uno de los agraviados pudieran recurrir a la justicia, aún cuando están en su derecho.

Como presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, afirmó que por el momento el grupo de parlamentarios se ha concentrado en la búsqueda de información que permita dar con los 800 detenidos desaparecidos que falta por identificar.

"Si además de eso se produce la conciencia en el país respecto de la gravedad de lo que fue el sistema de tortura y en el país hay consenso suficiente como para buscar fórmulas que fueran adecuadas, la comisión podría dar su contribución", dijo.

Pese a la buena disposición anterior, Viera-Gallo hizo la salvedad de que el tema no es de fácil despacho porque muchos criterios entran en juego. Hizo ver que será necesario precisar bien qué se entiende por torturas y aclarar qué responde a ello y qué es abuso policial.

La situación de las víctimas de torturas en el régimen militar no está contenida en ningún documento oficial. De hecho el Informe Rettig de 1991 sólo se hace cargo de las víctimas de la violencia en manos de agentes del Estado y la Mesa de Diálogo sólo aborda la situación de los detenidos desaparecidos.

Los familiares de todos ellos pueden acceder a una reparación mediante una ley especial dictada para ese efecto. Asimismo, los exonerados políticos que pudieron demostrar tal condición también recibieron una reparación.

Sobre el particular, la ministra Secretaria General de Gobierno (s), Carolina Tohá, reconoció que el tema de la tortura ha sido menos discutido en el país. "Quizás en el debate, en la toma de conciencia de lo que pasó van a surgir iniciativas e ideas de cosas que se pueden hacer para reparar a las personas que sufrieron esas horrendas torturas", afirmó.

Consultada si el Estado está en deuda con ellas, la personera sacó a colación que no sólo hubo torturados, sino que personas que fueron allanadas, exiliadas y maltratadas.

Indicó que la forma de reparar ello implica, en primer lugar, hacerse cargo como sociedad de que ello sucedió y luego garantizar que no se repita nunca más.

Manifestó que el Gobierno está llano a escuchar las distintas propuestas, aunque no hay ninguna decisión porque el tema ha sido planteado recién ahora.

"Dichos Poco
Oportunos"

En tanto, uno de los denunciantes del general (a) Hernán Gabrielli, Héctor Vera, sostuvo que el llamado de Insulza aunque no restringe su acción judicial (el caso de Eugenio Ruiz-Tagle, ejecutado en 1973) sí constituye una declaración "poco feliz y poco oportuna".

Aseveró que los recientes hechos no generarán una lluvia de querellas, porque para ello se requieren recursos, preparación y tiempo que no todos tienen en Chile. "Estas son cosas dinámicas y sobrepasan las declaraciones de las autoridades... Aquí no estamos exagerando, aquí han existido cosas gravísimas", recalcó.

Juan Ruz dijo que tenía entendido que los deseos del Ministro del Interior no impedían que impulse la querella que presentarán hoy en contra del general (a) Gabrielli.




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