EDITORIAL

Viernes 12 de Agosto de 2005

Reflexiones penales

La pena no está destinada a satisfacer los sentimientos de venganza más primitivosy violentos, sean éstos los de las víctimas o los de la opinión pública.

Por Agustín Squella

Lo que se juzga y sanciona penalmente son conductas, no personas. Conductas tipificadas previamente como delitos, esto es, como acciones u omisiones respecto de las cuales existe una reprobación social particularmente fuerte, al dañarse con ellas bienes tan importantes como la vida, la integridad física, la libertad, el honor o la propiedad de las personas. A su vez, el derecho penal impone un castigo a los responsables de los delitos, o sea, aplica a éstos una consecuencia desfavorable, que afecta a alguno de esos mismos bienes, tal como ocurre con las penas de presidio y de multa, que privan de la libertad y de parte de su patrimonio, respectivamente, a quien se ve afectado por ellas.

Por lo mismo, no es el carácter ni el tipo de persona lo que se juzga en un tribunal, sino las acciones punibles en que un individuo pudo incurrir, de manera que quien comparece y es juzgado por un tribunal -pongamos por caso, por haber matado a otro- no es propiamente un homicida, sino un individuo que ejecutó la conducta que consiste en privar a otro de su vida.

Lo anterior puede resultar fácil de comprender para personas con formación jurídica e, incluso, para quienes recién hacen sus cursos de derecho, pero no siempre lo es para el común de las personas, inclinadas a creer que delincuente es un tipo de persona indeseable, a la que es preciso aislar y recluir, y no, simplemente, alguien que en un momento dado incurrió en alguno de los comportamientos que la ley describe como delito. Por tanto, todos somos, eventualmente, víctimas y delincuentes, porque en esto no hay un campo rayado por una línea divisoria que separe a unas de otros de una vez y para siempre; de donde se sigue que tanto los derechos de las víctimas como de los delincuentes deben ser respetados. La condición de víctima no atribuye todos los derechos, ni la de delincuente equivale, tampoco, a la pérdida de todos ellos.

En cuanto a la pena, ella se parece a la venganza, mas no es igual a ésta. Ni instintiva, ni ciega, ni inmediata, ni desproporcionada, ni librada tampoco a lo que cada víctima de un delito considere justo responder, la pena es una medida de mal, proporcionada a la gravedad de cada delito, que expresa y concreta la reprobación jurídica del caso, de modo que su tipo, cantidad y modalidad de cumplimiento han de guardar correspondencia con el delito de que se trate, y no está destinada a satisfacer los sentimientos de venganza más primitivos y violentos, sean éstos los de las víctimas o los que la opinión pública desarrolle en un momento dado. Menos aún están las penas destinadas a saciar esa necesidad de espectáculo del castigo que promueven los medios, con la complicidad entusiasta de la clase política, para rendir unos y otra examen de suficiencia moral y hacer creer a los ciudadanos que ahora sí pueden dormir tranquilos, porque todos los delincuentes están en la cárcel.

De Manuel de Rivacoba, notable penalista, aprendí que la ofuscación, cuando no el oportunismo y aun la abdicación de toda racionalidad frente al delito, son tentaciones que pueden afectar incluso a sociedades democráticas, particularmente en época de elecciones y, sobre todo, en momentos en que tanto los medios como los políticos certifican como inseguridad colectiva no la que efectivamente hay, sino la que la gente siente o percibe como tal, inseguridad que, en un perfecto círculo vicioso, es continuamente azuzada por representantes políticos y medios de comunicación.

Humanizar el derecho penal ha sido una larga conquista, como para que todo se reduzca ahora a un patético póquer electoral entre si la primera, la segunda o la tercera es la vencida.


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Agustín Squella
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