REPORTAJES

Domingo 19 de Julio de 2015

 
Ex colaborador del senador Harboe (PPD) recibió pago de Corpesca por $12 millones en 2012

 La empresa Corpesca, entre mayo y junio de este año, presentó tres rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos por cerca de $260 millones -solicitudes que fueron aceptadas hace algunos días y el monto se canceló a la Tesorería-. Ello, mientras el fiscal nacional, Sabas Chahuán, lidera desde el 12 de junio una investigación judicial por posibles delitos tributarios y el eventual financiamiento ilegal de campañas políticas.

En la compañía explican que las rectificaciones fueron realizadas luego de que en algunos casos no pudieran encontrar todos los respaldos de los trabajos, pues algunas asesorías fueron verbales o bien porque tienen dudas respecto de algunos servicios prestados.

El primer recurso de aclaración, a fines de mayo, fue respecto de boletas por cerca de $200 millones en pagos realizados por la pesquera a asesores del senador Jaime Orpis (UDI). El segundo, a mediados de junio, fue por tres facturas de empresas emitidas en 2012 por un monto de $30 millones. Uno de esos documentos, por $12 millones, pertenece a "Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada", de propiedad del abogado Raúl Arrieta, ex colaborador del senador Felipe Harboe (PPD). El Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet) del SII ya despachó la citación para que el profesional declare en este caso.

En el entorno del parlamentario explican que, cuando Harboe era diputado, el abogado le prestó colaboración ad honorem durante la tramitación de la Ley Dicom y con temas vinculados a la protección de datos personales, área en que goza de reconocido expertise. Arrieta no figura en la nómina de asesores que publica el Congreso en la web por transparencia activa. Pese a ello, en el registro de la sesión del 3 de julio de 2012 de la comisión de Economía de la Cámara, en la que Harboe reemplazó a Cristina Girardi (PPD), el profesional aparece mencionado como asesor del parlamentario.

La relación entre ambos se mantuvo en 2013. De acuerdo con la declaración de gastos electorales del Servel, para su campaña senatorial en la Octava Región, Harboe arrendó tres sedes a "Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada" por un monto total de $8.799.999.

A partir del 11 marzo de 2014, en tanto, Arrieta se desempeñó como asesor de la Subsecretaría de Economía, repartición que encabeza la esposa de Harboe, Katia Trusich. En el portal Gobierno Transparente se especifica que el abogado cumplió esa tarea hasta el 31 de marzo de este año, bajo la modalidad de honorarios, con un sueldo bruto mensual de $5.500.000, fecha en la que renunció voluntariamente. A partir del 1 de abril y hasta el 31 de mayo, continuó desempeñándose como asesor, pero con una remuneración bruta de $2.300.00. De acuerdo al portal, Arrieta ya no tiene relación con la subsecretaría, pues presentó una renuncia voluntaria a sus funciones.

$18 millones a militante UDI

Las otras dos facturas rectificadas por Corpesca fueron emitidas por una sociedad ligada a Álvaro Lavín Aliaga -quien ya declaró ante el Didet-, abogado y representante legal de la empresa que presta servicios de asesorías en capacitación, comunicaciones y estudios de mercado y márketing. El monto de los documentos asciende a $18 millones.

Lavín, militante UDI, se desempeñó como jefe de proyectos y administrador municipal de la alcaldía de Recoleta durante las gestiones de Gonzalo Cornejo (UDI) y Sol Letelier (UDI). Actualmente es consejero regional de la Región Metropolitana por la circunscripción provincial Santiago II, que incluye las comunas de Cerro Navia, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Santiago.

En el entorno del profesional explican que en 2012 prestó servicios a Corpesca: el primero en enero por $3 millones, y el segundo entre julio y septiembre, por $15 millones. Además, agregan que el primer pago es por un estudio del entorno social y laboral de la población ligada a la pesca industrial en el norte. El segundo se trató de un análisis de medios, actores y mensajes en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca, para determinar las claves comunicacionales del proyecto, tanto de quienes lo apoyaban como de sus detractores.

Y señalan que antecedentes como las cartolas bancarias que "evidencian el destino de los recursos" y el pago a los profesionales contratados, ya fueron entregados al SII.

La rectificación de Carrillo

La última aclaración de la pesquera, presentada a fines de junio, fue respecto de Giorgio Carrillo, ex asesor de la ex diputada independiente Marta Isasi. El periodista se encuentra querellado por el SII debido a la facilitación de boletas ideológicamente falsas -servicios no prestados- y la omisión maliciosa de declaraciones de boletas a Corpesca S.A. por un monto de $27.777.777, entre agosto y noviembre de 2009.

En su declaración ante el SII, Carrillo aseguró que las tres boletas de honorarios fueron emitidas por la supuesta elaboración de informes relativos a temas pesqueros, los que fueron confeccionados a partir de información extraída de la Biblioteca del Congreso Nacional, y que no constituían verdaderas asesorías. Además, dijo que los pagos habrían ido a la campaña política de Isasi, lo que la ex diputada descartó en su declaración ante la fiscalía.

 Fundaciones de beneficencia preocupadas por robos en sus sedes"Teníamos un camión pequeño Kia Motors, que con esfuerzo compramos para extender nuestra red y recoger los donativos. Era un instrumento clave para la Fundación...pero ya no lo tenemos"

Quien relata -a través de una carta enviada a "El Mercurio"- es Fernanda Diez, integrante de la Fundación de buenafe, ONG ubicada en la comuna de Lo Barnechea dedicada a ayudar a mujeres artesanas a emprender, que en medio del alza en las cifras de delincuencia y del temor de la población, fue una víctima más de la inseguridad.

Este robo, cuentan desde la fundación, no es un hecho aislado. "Tenemos contendedores de acero y constantemente los rompen y nos roban", comentan.

No ha sido el único caso: hace unas semanas atrás, la Fundación Mi Parque sufrió el robo de celulares, computadores, servidores y una camioneta desde el interior de su sede ubicada en avenida Holanda.

"El Mercurio" contactó a otras instituciones de este tipo. Si bien no hay otras fundaciones que hayan sufrido de robos, se reconoce lo delicado de la situación. De hecho, la mayoría cuenta que está invirtiendo en medidas de seguridad.



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