NACIONAL

Domingo 28 de Octubre de 2007

Tras fallo de la 5ª Sala que acogió recursos de amparo:
Querellantes apelan a la Suprema por revocatoria de 15 procesamientos en Riggs

El CDE y el abogado Alfonso Insunza esgrimen que el hábeas corpus no es la vía para impugnar los encausamientos.

CINTHYA CARVAJAL

Los querellantes en el caso Riggs apelaron de la resolución de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió los recursos de amparo y dejó sin efecto 15 de los 23 procesamientos dictados por el ministro Carlos Cerda el pasado 4 de octubre contra familiares y cercanos del fallecido general (r) Augusto Pinochet, por malversación de caudales públicos.

De esta manera, será la Segunda Sala de la Corte Suprema la que revisará y zanjará los amparos de los 15 encausados que presentaron este recurso.

Tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el abogado querellante Alfonso Insunza señalan en sus escritos que el amparo no es la vía para dejar sin efecto los procesamientos.

Al respecto, Insunza explicó ayer a "El Mercurio" que el amparo "no es la instancia para calificar si los familiares de Pinochet son empleados públicos o son particulares, porque delito hay, los hechos son delito en la calificación jurídica, y eso es un asunto de sentencia definitiva".

En un fallo de 13 páginas, los ministros Juan Eduardo Fuentes y Dobra Lusic, que fueron voto de mayoría, cuestionan el debido proceso, ya que al no tomarles declaración a algunos procesados como inculpados, sino como testigos, se faltó a las garantías establecidas en la Constitución, y al derecho a defensa.

Éste es el caso de los generales (r) Sergio Moreno, Juan Romero, y del abogado Ambrosio Rodríguez. Por la misma razón, de oficio, dejaron sin efecto el procesamiento del coronel Mortimer Jofré y Patricio Madariaga.

Los jueces esgrimen que la malversación de caudales es un delito para funcionarios públicos, y por esa razón dejan sin efecto el procesamiento de Lucía Hiriart, la esposa del fallecido general (r) Augusto Pinochet; de sus hijos Marco Antonio, Inés Lucía, Jacqueline y Verónica; del ex albacea Óscar Aitken, y del contador José Sobarzo.

Sobre el general (r) Guillermo Letelier Skinner, afirman que se lo interrogó por otra materia, la venta de armas, y no por malversación.

En otros casos, como el del general (r) Guillermo Garín y del brigadier (r) Jaime Lepe, se señala que no hay "mérito o antecedentes que lo justifiquen".

Campaña contra Cerda

La Corte sólo rechazó los amparos de los coroneles (r) Gustavo Collao y Eugenio Castillo, porque sí existe mérito. Insunza también denunció que "hay toda una campaña de desprestigio en contra del juez Carlos Cerda, de descalificación brutal, inaceptable en realidad, porque él es un ministro con un historial, de grandes méritos como ministro y nadie duda de su capacidad intelectual, y se le ha descalificado".

Adelantó que en sus alegatos en la Suprema se basará en el voto de minoría del ministro Mauricio Silva, quien rechazó la mayoría de los amparos y sólo estuvo por acoger tres, porque "no satisface la necesidad de declaración indagatoria para el esclarecimiento en torno a una eventual participación criminal".

Según el querellante, "es un voto creíble, es un voto serio", porque asegura "que el amparo no es la instancia para calificar si son empleados públicos o son particulares, porque delito hay (...) y que hay fallos de la Corte Suprema que han condenado a particulares que actuaron junto a un empleado público en fraude al fisco en general".

El tercer integrante de la Quinta Sala de la Corte, el ministro Mauricio Silva, estuvo por rechazar el hábeas corpus de la esposa de Pinochet, de Marco Antonio, Aitken, Sobarzo, Jofré y Madariaga, argumentando que "no pueden alegar la ilegalidad de la resolución", basándose en que no son funcionarios públicos, porque "la interpretación dogmática no es uniforme en orden a considerar incomunicable esta circunstancia".

Informe por caso Cerda

El lunes se vence el plazo que se puso el presidente de la Corte de Apelaciones, Cornelio Villarroel, que investiga al juez Carlos Cerda por presuntas infracciones disciplinarias, para entregar su informe.

Su indagación podría ser revisada el mismo lunes en el Pleno del tribunal de alzada.

El ministro Cerda es investigado por las declaraciones que hiciera con motivo del premio de 88 millones de pesos que le otorgó la Fundación Gruber. El magistrado declaró el lunes por casi tres horas.

PLAZO

AÚN NO HAY FECHA para que se vean las apelaciones en la Suprema. Se debe designar un relator y no tiene prioridad por no haber reo preso.

Los pasos que puede seguir Cerda

Tras la revocatoria de 15 de los 23 procesamientos por malversación de caudales en la Corte de Apelaciones, el ministro Carlos Cerda debiera esperar el fallo en segunda instancia de la Corte Suprema antes de adoptar nuevas resoluciones en esta arista.

De confirmarse el fallo, el magistrado podría tomarles declaración como inculpados a algunos de los beneficiados por los amparos, para corregir la falta al debido proceso que se le cuestiona.

Hasta ahora, cinco de ellos declararon como testigos, y el general (r) Guillermo Letelier Skinner lo hizo por otra materia, que se refiere a la venta ilegal de armas.

En esta nueva indagatoria se le debe consultar por la malversación de caudales públicos y el uso de gastos reservados.

Otro camino que podría seguir el magistrado es procesar por otros delitos, como estafa, fraude al fisco o negociación incompatible.

Ésta es la teoría de los querellantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes presentaron un escrito en diciembre de 2005 solicitando que se procesara por fraude al fisco a Augusto Pinochet Hiriart y a su ex esposa, María Verónica Molina.

Respecto de los generales (r) Jorge Ballerino y Ramón Castro Ivanovic, y del coronel (r) Gustavo Collao, el organismo pidió el encausamiento por malversación de caudales.

De revocarse el fallo de la Corte, el magistrado podría continuar sin problemas con sus diligencias en esta arista.

Sin embargo, el magistrado podría ser marginado nuevamente del proceso. Los defensores ya han anunciado que presentarán en su contra una serie de recursos una vez que salga el fallo de la Suprema, para sacarlo definitivamente del caso Riggs.

Entre ellos, evalúan una nueva implicancia y acusarlo por prevaricación por el artículo 223 del Código Penal Nº 2, que sanciona al juez que recibe "dádiva o regalo por hacer o dejar de hacer algún acto a su cargo", debido al premio en dólares que recibió.

Los integrantes de la Segunda Sala Penal

ALBERTO CHAIGNEAU

El presidente de la Segunda Sala está en contra de usar el recurso de amparo para revisar procesamientos.

Así lo resolvió cuando rechazó el recurso de amparo que presentó la defensa de Matías de la Fuente, el ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos, en la arista Délano del caso MOP.

Paradójicamente, fue el mismo ministro Carlos Cerda a quien le tocó conocer este recurso de amparo como presidente de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejando sin efecto los procesamientos dictados por la jueza Gloria Ana Chevesich.

La Corte Suprema de Justicia revocó esta decisión y sostuvo que frente a una decisión provisoria, como es el auto de procesamiento, no correspondía la revocación porque "hay antecedentes suficientes para seguir investigando".

Conocida es su postura favorable a la aplicación de los tratados internacionales que impiden prescribir o amnistiar crímenes de lesa humanidad. Dejará el Poder Judicial a fines del presente año.

JAIME RODRÍGUEZ

Le correspondió estar en la Segunda Sala cuando se revisó el amparo de Matías de la Fuente.

El magistrado analizó en esa oportunidad si había o no antecedentes para procesar a De la fuente; abordó el fondo del caso.

Revisó las declaraciones del proceso y consideró en su fallo que "había presunciones contra los inculpados", rechazando el amparo.

En materias de derechos humanos, vota a favor de aplicar la normativa internacional que impide la prescripción y la Ley de Amnistía.

NIBALDO SEGURA

También votó a favor de rechazar el amparo del caso MOP-Délano, revocando una resolución que dictó la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones.

Consideró que había que rechazarlo porque el amparo no era la vía y existían antecedentes en el proceso

En materia de derechos humanos ha votado a favor de la prescripción.

RUBÉN BALLESTEROS

No estuvo en la revisión del caso MOP-Délano. Sin embargo, en otros fallos ha estado por rechazar y acoger los recursos de amparo.

Llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema en 2005.

El magistrado ha tenido una postura favorable a la prescripción y amnistía en casos de derechos humanos.

Sin embargo, fue partidario de extraditar a Alberto Fujimori por delitos de esa misma índole.

HUGO DOLMESTCH

Se integró a la Sala Penal de la Corte Suprema a fines de julio del año pasado.

Antes era ministro de la Corte de Apelaciones, en donde debió instruir diversos casos de derechos humanos en los que dictó condenas contra ex agentes de la CNI.

Tampoco estuvo en la revisión del caso MOP-Délano. El magistrado analiza caso a caso los amparos, y frente a ellos ha tenido distintas posturas.


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El abogado querellante del caso Riggs, Alfonso Insunza.
El abogado querellante del caso Riggs, Alfonso Insunza.
Foto:EL MERCURIO


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