EDITORIAL

Lunes 6 de Febrero de 2006

Universidad de Chile


Señor Director:

El bloqueo de la Contraloría de la República de los estatutos de la Universidad de Chile no es un mero problema entre estas dos instituciones. Ni siquiera es un problema entre el Gobierno, la principal universidad del país y un órgano contralor. Es un problema público de relevancia.

La Universidad de Chile se enfrenta al hecho notable de que no le resulta permitido ser una institución solvente en lo financiero, en tanto su investigación no puede tener un destino económico relevante para la propia universidad (no puede venderse), a la vez que el Estado -a través del Gobierno- no tiene ningún interés en financiar la totalidad de las actividades de la universidad. Para decirlo en simple: no puede generar rendimientos económicos propios ni puede pedir la totalidad del financiamiento para seguir siendo la principal universidad del país.

De este modo, lo que hay detrás es la expresión más clara de la indefinición institucional y, peor aun, la trampa insalvable para un organismo cualquiera, un trance histórico imposible de resolver en estas condiciones. Cuando a la Universidad de Chile se le pidió ser la institución troncal de la vida profesional y académica de nuestro país, lo logró con creces. Cuando la Universidad de Chile fue arrojada al mercado a competir con decenas de universidades, tuvo resultados sorprendentemente positivos (con una organización de sistema público tuvo que competir en el mundo privado y sigue siendo lejos la principal y mejor universidad del país). Pero cuando a la Universidad de Chile se le entrega un presupuesto que no la sustenta ni siquiera en un 20%, exigiéndosele entonces autosolventarse, pero a la vez se le aclara que es ilegal que consiga financiarse con lo que produce (investigación y servicios anexos), entonces queda clarísimo que no hay política de universidad pública alguna y que derechamente no tiene espacio en nuestra sociedad. Le han construido un fracaso. Y después dirán que no se adaptó.

Lo que es claro es que la situación debiera ser exactamente a la inversa: un financiamiento elevado del Estado a las universidad públicas (y nulo a las privadas, que tienen un aporte estatal incomprensible), unido a la posibilidad ilimitada de generar recursos propios (con los controles que sean necesarios) que permitan financiar los enormes centros de investigación que son necesarios en la actualidad.

Alberto Mayol Miranda

Sociólogo y doctorado en Sociología


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