NACIONAL

Sábado 15 de Agosto de 2015

Uno está "clandestino" , otro se entregaría el próximo lunes y el tercero se suicidó
Operativo especial permitió tener en 24 horas en Punta Peuco a 11 de 14 condenados por caso Berríos

La mayoría se juntó primero en el Batallón de Policía Militar, donde les informaron del plan del gobierno para evitar cualquier tipo de incidentes.  
Lilian Olivares Cerca de las siete de la tarde del jueves se inició un operativo especial para conseguir que todos los condenados por el caso del secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, ocurrido en 1993, ingresaran rápidamente a Punta Peuco, "sin trastornos".

La decisión la tomó el gobierno -el vicepresidente Jorge Burgos dio la orden- e inmediatamente se efectuaron las coordinaciones con el Poder Judicial, Gendarmería y el Ejército.

El Ministerio del Interior, en conjunto con el de Justicia, quiso evitar posibles nuevos suicidios, como el que terminó con la vida del ex jefe de la DINE Hernán Ramírez Rurange, y garantizar la integridad de los condenados en su ingreso a la cárcel de máxima seguridad ubicada a 50 kilómetros de Santiago.

"No esperaron los plazos ni la bajada de los expedientes", comentó el abogado Juan Carlos Manns, representante del subteniente (r) Marcelo Sandoval, quien recibió la noticia cuando viajaba de Los Ángeles a Santiago y el actuario de la Corte del ministro Alejandro Madrid le dijo que se presentara a la Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones, ubicada en la calle Condell.

No llegaron a la cita el mayor retirado Arturo Silva Valdés, único condenado por homicidio del químico Berríos, quien a su familia manifestó su decisión de rebelarse; y el teniente coronel (r) Jaime Torres Gacitúa. Consultada Yasna Bentjerodt, la abogada de este último, si al igual que Silva, Torres Gacitúa se escaparía, dijo que "de ninguna manera. Jaime se va a presentar voluntariamente, pero en tiempos razonables; no en los tiempos exagerados que se plantearon ahora". Según lo averiguado por "El Mercurio", lo haría el próximo lunes.

El abogado César Ocaranza -quien representa al ex fiscal Fernando Torres Silva- indicó que "se hizo una coordinación para que todo saliera más ordenado". Acotó que "se notificó a ciertas autoridades militares para facilitar la labor de todos".

Fue así como la mayoría se reunió en el Batallón de Policía Militar, donde se les informó cuál sería el procedimiento. Unos partieron a la Brigada de la PDI y otros llegaron por distintos conductos al mismo destino. Torres Silva se dio cuenta en ese momento que no había alternativa. Su abogado, Ocaranza, lo acompañó al procedimiento que le estipularon:

"A la una de la madrugada llegó a calle Condell. Yo lo acompañé. Se le preguntó si estaba tomando algún medicamento, que los detallara. Se hizo un inventario y entonces funcionarios de la Brigada de la PDI lo trasladaron a Punta Peuco".

-¿Cómo lo vio?

"Mire, bien, muy entero. Dijo que era una nueva experiencia. Él acató el fallo sin oponer mayor resistencia, más que la legal en todos sus detalles".

Ocaranza reconoce que hubo celeridad: "Parece que no hubo notificación. Se le dio mucha celeridad al cumplimiento. El expediente debe bajar a la Corte de Apelaciones, de ahí pasa al ministro en visita que estampa el cúmplase y se despacha la orden de detención".

En ese proceso suele transcurrir una semana como promedio.

En esta ocasión, el martes 11 salió la sentencia de la Corte Suprema, el jueves 13 se inició la coordinación de gobierno y ayer 11 de los 14 condenados estaban en sus camas asignadas en Punta Peuco.

Solo faltaban el general (r) Hernán Ramírez Rurange, quien se suicidó la madrugada del jueves; y el mayor retirado Arturo Silva Valdés, quien, según definición de su abogado, Carlos Neira Muñoz, "pasó a la clandestinidad", según supo, porque se negó a ir a Punta Peuco.

Silva Valdés, ex agente DINE, ex escolta de Pinochet, polero, con vínculos con algunos personajes del mundo del espectáculo, estaba relacionado el año pasado a negocios inmobiliarios e intentaba comprar un predio en Pudahuel. Fue lo último que se supo de él.

CUPOSLa cárcel de Punta Peuco tiene 112 cupos. Anoche quedaron libres solo 12 camas. El rol del ex fiscal Fernando Torres SilvaEl ex auditor general del Ejército y ex fiscal Fernando Torres Silva fue el "rostro" en casi toda la trama investigativa de los grupos subversivos y organismos opositores al régimen de Augusto Pinochet.

Cuando en 1995 apareció el cadáver de Eugenio Berríos en las aguas de la playa El Pinar, en Uruguay, con dos balas de armas de fuego y estallido de cráneo, nadie vinculó en ese momento al otrora perseguidor del FPMR. Pero durante la investigación del ministro Alejandro Madrid, el ex jefe de la DINE general Hernán Ramírez Rurange -quien se suicidó el jueves- lo involucró en una reunión donde, dijo, estuvieron presentes Torres y unos cinco altos oficiales que escucharon cuando Pinochet le ordenó a Ramírez sacar a Berríos del país. El químico estaba siendo requerido por el crimen del ex canciller Orlando Letelier.

A partir de ese momento, y con el paso de los años, el ministro Madrid configuró tres tipos de delito: secuestro, homicidio y asociación ilícita. Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por asociación ilícita. Antes había cumplido una pena remitida de 800 días como encubridor del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez.

El abogado comenzó a tener gran figuración pública desde que en 1986 asumió como fiscal especial o ad hoc en la causa por el asalto a la Panadería Lautaro, atribuido al FPMR, donde murió el carabinero Miguel Vásquez Tobar. En el asalto, un frentista herido (Hugo Gómez) fue atendido por médicos de la Vicaría de la Solidaridad. Torres hizo el nexo entre el grupo armado y el organismo de la Iglesia Católica. Procesó al médico y al abogado que atendieron a Gómez y después incautó fichas de los empleados de la Vicaría. El entonces obispo auxiliar de Santiago, Sergio Valech, enfrentó a Torres y defendió el secreto profesional en un recurso que llegó a la Corte y que ordenó a Torres Silva devolver las fichas incautadas, pero después la Corte Suprema revocó ese fallo. Pese al fuerte entredicho, Torres Silva y Valech estrecharon lazos de amistad.

Al cabo de dos años, Torres estaba a cargo de la investigación de la mayor internación de armas en Carrizal Bajo, del secuestro del coronel Carlos Carreño, de la fuga del frentista Sergio Buschmann, del asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes, y del atentado al general Augusto Pinochet en que murieron cinco de sus escoltas en el Cajón del Maipo. Aclaró este último caso y detuvo a todos los autores.

Persiguió al FPMR y llegó a tener a más de 250 procesados por acciones y atentados del grupo (muchos de ellos fueron indultados y favorecidos con rebajas de penas por las Leyes Cumplido. A otros se les conmutó la pena por extrañamiento).

Torres Silva llegó a ser ampliamente conocido por sus constantes y casi diarias apariciones en TV, y también criticado por los abogados de derechos humanos.

En 1988, como auditor general y con rango de ministro de Corte Suprema, defendió la aplicación de la Ley de Amnistía. Según sus detractores, se ocupaba de obstaculizar todos aquellos casos de violaciones a los derechos humanos en que estaban involucrados uniformados.

Torres Silva tuvo una estrecha relación con Pinochet, quien, así como pedía la opinión de sus asesores más directos, le consultaba en momentos de extrema tensión.

En abril de 1999, renunció al Ejército y a su cargo como auditor general por crecientes presiones. Se dedicó a ejercer la abogacía en forma particular.

Los castigos1.- Arturo Silva Valdés : 15 años y un día como autor de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita.

2.- Hernán Ramírez Rurange : 10 años y un día como autor de secuestro, más 10 años y un día por asociación ilícita.

3.- Eugenio Covarrubias Valenzuela : 10 años y un día como autor de secuestro, y 5 años y un día por asociación ilícita.

4.- Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día como autor de secuestro, y 5 años y un día por asociación ilícita.

5.- Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día como autor de secuestro, y 5 años y un día por asociación ilícita.

6.- Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día como autor de secuestro, y 800 días por asociación ilícita.

7.- Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día como autor de secuestro, y 800 días por asociación ilícita.

8.- Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día como cómplice de secuestro.

9.- Tomás Casella (militar uruguayo): 10 años y un día como autor de secuestro, y 5 años y un día por asociación ilícita.

10.- Eduardo Radaelli (militar uruguayo): 10 años y un día como autor de secuestro, y 800 días por asociación ilícita.

11.- Wellington Sarli (militar uruguayo): 5 años y un día como cómplice de secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

12.- Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por secuestro, y 800 días por asociación ilícita.

13.- Nelson Román Vargas: 10 años y un día como autor de secuestro, y 800 días por asociación ilícita.

14.- Fernando Torres Silva: 10 años y un día como autor de asociación ilícita.



Herramientas Reducir letras Aumentar letras Enviar Imprimir
La cárcel de Punta Peuco fue inaugurada en 1995 con Manuel Contreras Sepúlveda y el brigadier (r) Pedro Espinoza como los primeros detenidos en ese recinto.
La cárcel de Punta Peuco fue inaugurada en 1995 con Manuel Contreras Sepúlveda y el brigadier (r) Pedro Espinoza como los primeros detenidos en ese recinto.
Foto:HÉCTOR ARAVENA


[+] Vea más fotos    >>
  • Servicios El Mercurio
  • Suscripciones:
    Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a exclusivos descuentos.

    InfoMercurio:
    Todos los artículos publicados en El Mercurio desde 1900.

    Club de Lectores:
    Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.

Versión Digital

  • Revistas
    El Mercurio
  • PSU@ElMercurio.com Ediciones Especiales