NACIONAL

Viernes 30 de Enero de 2015

Iniciativa fue respaldada por amplia mayoría; tuvo seis abstenciones en el Senado y solo una en la Cámara:
Congreso despacha en cuatro sesiones bono de $1 millón para funcionarios públicos de Atacama

Los diputados no debatieron el proyecto del Gobierno durante su votación en la Sala, mientras que algunos senadores dejaron constancia de que la iniciativa "era discriminatoria", "inédita", y cuestionaron que su financiamiento utilizara recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  
Patricio Yévenes Luego de cuatro sesiones parlamentarias, el Congreso despachó el miércoles un proyecto enviado por el Gobierno el pasado 20 de enero que establece el pago de un bono trimestral durante 2015 para 7.800 funcionarios públicos de la Región de Atacama.

La iniciativa ingresó a la Cámara con suma urgencia, y un día después fue aprobada por la comisión de Hacienda y despachada por la Sala con el respaldo de 100 diputados. Sólo se abstuvo el PPD Ramón Farías. Según consta en el acta de la sesión, los diputados no realizaron intervenciones.

Una semana más tarde la iniciativa fue discutida por la comisión de Hacienda del Senado, y el miércoles la Sala de la corporación lo despachó sin observaciones, con el respaldo de 23 parlamentarios y la abstención de seis de ellos: los PPD Jaime y Felipe Harboe, además de los UDI Jacqueline van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez y Jaime Orpis.

Fundamentos del proyecto

En su contenido, el proyecto, que fue patrocinado por los ministros Alberto Arenas (Hacienda), Rodrigo Peñailillo (Interior) y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, establece el pago de un bono trimestral durante 2015 de 240 mil pesos a los funcionarios públicos de planta, contrata, y con contrato vigente desde el 1 de enero de 2015, además de aquellos que se rigen por las normas del Código del Trabajo, y los que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil; Atención Primaria de Salud Municipal; asistentes de la educación regidos por la ley N°19.464; funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama, y los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N°3.551.

Tal como consta en el informe financiero, esta bonificación tendrá un costo aproximado de $7 mil 500 millones, dineros que se ejecutarán con "reasignaciones de recursos provenientes del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la Región de Atacama".

El proyecto enfatiza que "los jefes de servicio o las autoridades superiores de las instituciones señaladas en los incisos anteriores, según corresponda, deberán remitir al intendente regional la nómina de beneficiarios de la bonificación especial al mes siguiente de cada pago de la misma".

En el proyecto, el Ejecutivo argumenta que "los costos de la vida en diferentes sectores geográficos del país son asimétricos, lo que tiende a generar inequidades", y agrega que "el caso de la Región de Atacama es paradigmático en este punto (...) En el caso de los trabajadores del sector privado, han existido aumentos de remuneraciones que han permitido hacer frente a estos aumentos de precios, pero ello no ha ido a la par para los funcionarios del sector público".

Por esta razón se afirma: "Considerando que el eje principal del programa de gobierno es combatir las desigualdades, es que también debemos abordar soluciones a tales inequidades geográficas originadas por diferenciales de costo de vida".

Además, la iniciativa establece que se le solicitará al INE que durante 2015 realice un estudio para determinar el costo de una canasta de consumo nacional y desagregada por regiones. También destaca que el proyecto recogió una moción de los diputados de la zonaYasna Provoste (DC), Lautaro Carmona (PC), Alberto Robles (PR) y Daniella Cicardini (PS), la cual fue declara inadminsible por el Congreso.

Debate legislativo

Durante la discusión, el senador por Atacama, Baldo Prokurica respaldó la iniciativa, pero afirmó que "los funcionarios públicos se ven enfrentados a un empobrecimiento, porque todo sube, pero ellos siguen con el mismo sueldo".

Mientras que la senadora por la región, Isabel Allende (PS), agregó: "No siempre somos capaces de mirar las regiones en sus especificidades, por lo que espero que la Casen sea fina al evaluar".

Sin embargo, diversos parlamentarios plantearon sus reparos a la iniciativa. El senador UDI Juan Antonio Coloma dijo: "Si hay que dar un bono, no puede ser discriminatorio, que no incorpore a profesores, Carabineros ni gente a honorarios". El PPD Felipe Harboe recalcó que "cuando se establece un bono a ciertos funcionarios de una región determinada y el origen de esos recursos proviene del FNDR, no es la fórmula adecuada".

Sobre ese punto, el senador UDI Jaime Orpis dijo: "No me parece responsable financiar con fondos de inversión gastos corrientes como son los bonos. Nunca antes había visto esto. Es inédito".

30%de los funcionarios públicos de Atacama no recibirán este bono, que beneficiará a 7.800 trabajadores, afirman los senadores. Diputados y senadores que respaldaron la iniciativa del GobiernoAprobación en la Cámara:

Sergio Aguiló (Indep.), Jenny Álvarez (PS), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Osvaldo Andrade (PS), Claudio Arriagada (DC), Pepe Auth (PPD), Ramón Barros (UDI), Germán Becker (RN), Jaime Bellolio (UDI), Bernardo Berger (RN), Gabriel Boric (Indep.), Pedro Browne (Amplitud), Cristián Campos (PPD), Karol Cariola (PC), Lautaro Carmona (PC), Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), Guillermo Ceroni (PPD), Marcelo Chávez (DC), Daniella Cicardini (PS), Juan Antonio Coloma (UDI), Aldo Cornejo (DC), Felipe de Mussy (UDI), José Manuel Edwards (RN), Sergio Espejo (DC), Marcos Espinosa (PR), Fidel Espinoza (PS), Daniel Farcas (PPD), Maya Fernández (PS), Iván Florez (DC), Iván Fuentes (Indep.), René Manuel García (RN), Cristina Girardi (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Romilio Gutiérrez (UDI), Javier Hernández (UDI), Marcela Hernando (PR), María José Hoffmann (UDI), Jorge Insunza (PPD), Giorgio Jackson (Indep.), Enrique Jaramillo (PPD), Tucapel Jiménez (PPD), José Antonio Kast (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Issa Kort (UDI), Joaquín Lavín (UDI), Felipe Letelier (PPD), Javier Macaya (UDI), Patricio Melero (UDI), Daniel Melo (PS), Fernando Meza (PR), Andrea Molina (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Manuel Monsalve (PS), Celso Morales (UDI), Juan Enrique Morano (DC), Claudia Nogueira (UDI), Iván Norambuena (UDI), Daniel Núñez (PC), Paulina Núñez (RN), Sergio Ojeda (DC), José Miguel Ortiz (DC), Diego Paulsen (RN), Leopoldo Pérez (RN), Jaime Pilowsky (DC), Roberto Poblete (Indep.), Yasna Provoste (DC), Jorge Rathgeb (RN), Gaspar Rivas (Indep.), Alberto Robles (PR), Luis Rocafull (PS), Karla Rubilar (Amplitud), Marcela Sabat (RN), René Saffirio (DC), Raúl Saldívar (PS), David Sandoval (UDI), Alejandro Santana (RN), Marcelo Schilling (PS), Alejandra Sepúlveda (Indep.), Gabriel Silber (DC), Ernesto Silva (UDI), Leonardo Soto (PS), Arturo Squella (UDI), Jorge Tarud (PPD), Guillermo Teillier (PC), Víctor Torres (DC), Renzo Trisotti (UDI), Joaquín Tuma (PPD), Marisol Turres (UDI), Jorge Ulloa (UDI), Christian Urízar (PS), Ignacio Urrutia (UDI), Osvaldo Urrutia (UDI), Camila Vallejo (PC), Patricio Vallespín (DC), Enrique van Rysselberghe (UDI), Mario Venegas (DC), Germán Verdugo (RN), Matías Walker (DC), Felipe Ward (UDI).

Abstenciones

Ramón Farías (PPD)

Aprobación en el SenadoIsabel Allende (PS), Pedro Araya (Indep.), Carlos Bianchi (Indep.), Francisco Chahuán (RN), Alfonso De Urresti (PS), Alberto Espina (RN), Alejandro García-Huidobro (UDI), José García Ruminot (RN), Carolina Goic (DC), Alejandro Guillier (Indep.), Antonio Horvath (Indep.), Ricardo Lagos Weber (PPD), Hernán Larraín (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Carlos Montes (PS), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (MAS), Manuel José Ossandón (RN), Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Rabindranath Quinteros (PS), Patricio Walker (DC) y Andrés Zaldívar (DC).

Abstenciones

Juan Antonio Coloma (UDI), Felipe Harboe (PPD), Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI), Jaime Quintana (PPD) y Jacqueline van Rysselberghe (UDI).



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Los ministros Rodrigo Peñailillo (Interior), Alberto Arenas, (Hacienda) y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, son los firmantes de la iniciativa del Ejecutivo que se aprobó el miércoles en el Congreso.
Los ministros Rodrigo Peñailillo (Interior), Alberto Arenas, (Hacienda) y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, son los firmantes de la iniciativa del Ejecutivo que se aprobó el miércoles en el Congreso.
Foto:Alex Moreno


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