NACIONAL

Martes 29 de Abril de 2003

SUPREMAZO / Reacción frente a reunión de ministros de Corte con Insulza y abogados:
La Corte Suprema marca límites al Gobierno

El máximo tribunal dejó claro que no está dispuesto a volver a las prácticas del pasado y que no cederá su nueva independencia del poder político. Los tres magistrados cuestionados tendrán que responderle al pleno.
PILAR MOLINA Y XIMENA MARRÉ.

La Corte Suprema dio uno de sus habituales golpes. Pero el supremazo de ayer fue uno de los más sonoros. Le rayó con líneas gruesas la cancha al Gobierno. No le gustó que el ministro del Interior, José Miguel Insulza, se reuniera en la casa del abogado Gabriel Cáceres, vinculado al rector Luis Riveros, con tres miembros de la Corte de Apelaciones y, además, con los dos más grandes operadores que ha tenido la Concertación en los tribunales, el ex ministro Carlos Figueroa y el abogado Darío Calderón.

El tema fue conocido el viernes por el pleno, lo que provocó su máxima indignación, porque pone en peligro la política de independencia por la que viene peleando la Corte Suprema y porque evoca las prácticas de los 80, con Hugo Rosende como ministro de Justicia.

Y ocurre justo cuando los tribunales comienzan a repuntar en imagen pública, gracias a la independencia exhibida por sus jueces en causas que involucran al Gobierno.

Su presidente, Mario Garrido, reaccionó a la noticia, hecha pública el fin de semana, citando a un pleno extraordinario a las 10 horas ayer que obligó a suspender las causas que estaban en tabla.

Mientras La Moneda le bajaba el perfil al tema, en el palacio de justicia, los 17 supremos presentes acordaron pasar al pleno a los tres ministros cuestionados, lo que significa que Haroldo Brito, Hugo Dolmestch y Juan Araya tendrán que informarles directamente a ellos las razones de esa reunión en la casa del abogado Cáceres con el ministro Insulza.

Dándole realce a la propia reacción de la Suprema, Garrido terminó la mañana con una conferencia de prensa. Informó de la suspensión del almuerzo programado para mañana con el Presidente Lagos, en el cual iban a participar él y los presidentes de las cuatro salas.

Según fuentes de los tribunales, en el viaje a La Serena el 10 de abril, Garrido le hizo saber al Presidente Lagos que el Poder Judicial no abdicará su independencia. Pero estuvo disponible para discutir con el Gobierno los alcances de la judicialización de la política, lo que derivó en la reunión ayer suspendida.

A su vez, bajando el perfil al conflicto, el vocero del Gobierno, Francisco Vidal, envió un comunicado señalando que la reunión había sido suspendida, de mutuo acuerdo, antes del pleno de ayer, con el fin de evitar malas interpretaciones.

El factor común

Pero no hay dos interpretaciones ante la evidente molestia del máximo tribunal, que también golpeó a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Y es que el cónclave privado, aunque todos sus participantes aseguren que fue una reunión social, atenta contra la política de transparencia y autonomía del Poder Judicial.

Insulza aseguró que esa comida era una actividad social que correspondía a su vida privada y rechazó que fuera lobby porque un lobby es cuando yo voy donde alguien y le pido que haga algo.

Los tres magistrados aludidos - que salen tan perjudicados como Insulza de la revelación del encuentro privado- también se defendieron. Aseguraron que se trataba de una reunión social y que se trataron todos los temas de actualidad.

Uno de los participantes aseguró que los contertulios, salvo Figueroa, se encuentran en el estadio los domingo y a veces parten a comer juntos. Carlos Figueroa no está en ese grupo de futboleros, que son, además, de la misma generación, pero es íntimo amigo del dueño de casa, el abogado Cáceres.

Como sea, el denonimador común entre los tres magistrados, Calderón y Cáceres es la masonería. Y aquí puede entrar como tema de conversación el rector Riveros, de cuya suerte la masonería está muy preocupada, como también el Gobierno, que ve como muy posible su procesamiento en el caso GATE.

¿Hablaron el tema? No se descarta, como tema de actualidad, dice uno de los participantes. Pero toca la coincidencia que la comida se celebra cuando la ministra sigue sumergiéndose en los mecanismos que usaba Obras Públicas para generar recursos que administraba al margen de la ley.

Además, una reunión puede no tener malas intenciones, pero el que haya sido privada permite elucubrar sobre la coincidencia de los hechos. Hace un tiempo que el Ejecutivo viene planteando la tesis de que las irregularidades administrativas, como serían los pagos de sobresueldos, no son delitos, tesis que se anhela cristalizar con el Poder Judicial, de manera que en adelante no haya más procesamientos por este motivo.

En esa línea, el Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, distinguió ayer entre funcionarios corruptos de los que no lo son. Estos últimos, dijo, no son responsables de delitos, sino que de un sistema que el Estado y la clase política se han dado por décadas.

El ministro Luis Bates, sin embargo, negó tajantemente cualquier intento de tratar una eventual amnistía para estos casos y reivindicó el trabajo independiente de los tribunales.

¿Trampa para quién?

En Palacio molestó la airada reacción de la Suprema. Si Garrido estuvo dispuesto a abordar el tema que inquieta al Ejecutivo, no puede hacer tanto drama porque también lo hagan ministros del tribunal de alzada, se señaló. Lagos dijo en defensa de su cuestionado jefe de gabinete, lo prudente es que exista relación entre los poderes del Estado.

Pero la Corte Suprema retruca que para eso existen canales institucionales, como es su máxima autoridad, y el ministro de Justicia, Luis Bates, que ni siquiera fue informado del encuentro. El secretario de Estado quitó dramatismo a la discutida reunión, contrastando su actitud con su rol, hasta asumir la cartera, como presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional.

Los planteamientos de Huenchumilla y Bates, en contradicción, revelan que el Ejecutivo aun no resuelve una línea de acción entre el eje de intervenir para concordar una salida con el Poder Judicial y dejar que las instituciones funcionen, que ha sido lema del Presidente.

Pesa en palacio el mal resultado que tuvo el intento de remover al ministro Carlos Aránguiz del caso GATE. El desenlace no fue el nombramiento de un juez más benigno, sino que en un pleno extraordinario la Suprema nombró en menos de 24 horas a la ministra Chevesich, de su confianza y en cuya designación como ministra de la Corte de Apelaciones no intervino el Gobierno.

Y también es un factor a considerar que la Suprema haya remarcado corporativamente su independencia, cada vez que ha podido.

En la inauguración del año judicial, Garrido apuntó una vez más a la autonomía del Poder Judicial, lo cual pasa por hacer cambios legales para darles mayor independencia a los nombramientos de los jueces y ministros y la independencia económica. Igualmente, cada vez que se le ha cuestionado respecto a la llamada judicialización de la política, el máximo supremo ha respondido que a ellos no les compete tratar de evitarla.

Por el contrario, como señaló en una entrevista en Siete+7, el que una persona que ocupa un alto cargo de Gobierno caiga en determinado momento en el ámbito judicial y eso pueda traer una crisis política, eso no nos compete.

¿Quién filtró la información? permanece como incógnita. A ninguno de los asistentes le convenía hacerlo, pero se coincide en que los grandes perjudicados son los tres ministros de la Corte e Insulza.

Aunque el ministro del Interior logró afirmarse para el último cambio de gabinete - donde no pudo armarse un nuevo equipo prescindiendo de él- en palacio no se descarta que haya sido una trampa para precipitar su salida.

Palabra de Chevesich

- ¿Le preocupa que el Gobierno esté haciendo lobby?

- No voy a dar opiniones, no me corresponde, para eso tengo un superior jerárquico que deberá adoptar las medidas correspondientes para evitar que ocurran hechos como los que ha dado a conocer la prensa.

- ¿Evitar que haya lobby?

- Por supuesto, claro. O sea, la Corte Suprema está empeñada en que eso no ocurra, entonces es el superior jerárquico quien, si son ciertos los hechos dados a conocer, debería adoptar medidas.

Los magistrados invitados

La versión de los ministros Juan Araya, Haroldo Brito y Hugo Dolmestch para asistir al departamento del abogado Gabriel Cáceres no pudo haber sido otra que la asistencia a un encuentro de carácter social.

La amistad que los une es reconocida tanto en esferas judiciales como entre abogados. Las comidas y almuerzos, se dijo, son frecuentes en este grupo, especialmente, para discutir temas de actualidad en una suerte de tertulia.

Pero el precio de este último encuentro puede costarles caro a los magistrados, en especial, a Juan Araya. Su nombre desapareció por un tiempo de las quinas para ascender a la Corte Suprema, luego que fuera mencionado por el ex fiscal Marcial García Pica en una conversación con Mario Silva Leiva, el cabro Carrera.

Luego, en 2000 fue investigado por la Comisión de Ética por un viaje realizado a Cuba en 1996, junto al exonerado ministro Luis Correa Bulo, y al abogado Mario Valenzuela. Aun así ha recibido altas votaciones para ascender.

Haroldo Brito, en tanto, se ha comprado algunos conflictos por su gestión gremial al frente de la Asociación de Magistrados.

De gran cercanía a la Concertación, fue una figura clave en procesos de derechos humanos, como el seguido contra la comitiva militar de 1973, cuando se respaldó la tesis del secuestro calificado.

De Hugo Dolmestch también se destaca su rol en causas por violaciones de derechos humanos, como la Operación Albania. Su nombre ha sonado, pero no tan fuerte, para integrar la Corte Suprema.




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El Presidente Lagos y el ministro Insulza coinciden en la necesidad de que haya contacto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El Presidente Lagos y el ministro Insulza coinciden en la necesidad de que haya contacto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Foto:Jaime Bascur


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