EDITORIAL

Sábado 7 de Agosto de 1999

Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma sobre una Corte Penal Internacional es una verdadera farsa que bordea el escándalo. Este tribunal no es más que un nuevo intento de los estados poderosos por revestir de juridicidad y de legalidad su acción en el ámbito internacional.

No cabe duda de que una de las principales aspiraciones de la condición humana ha sido y seguirá siendo el respeto por sus derechos esenciales y, por lo mismo, la existencia de una justicia pronta y eficaz, capaz de garantizar ese respeto. Una justicia que castigue "al malo" y absuelva "al bueno"; una justicia que restablezca los lazos de amistad y concordia que han sido rotos por el delito.

Es probable que todos los afanes desplegados por establecer un tribunal con jurisdicción internacional obedezcan a esta aspiración. Por eso, frente a este nuevo intento, cabe preguntarse si él satisface la vieja aspiración y si cumple con el fin último de la justicia, ya sea en su versión greco-romana de "dar a cada uno lo suyo", o en su menos técnica versión germánico-cristiana de "obtener la reconciliación o restablecimiento de la paz".

Si dicho estatuto es o no constitucional - y aventuro que es razonable sostener que no lo es- y cuál es la mejor forma de obtener su sanción en el Congreso reducen el problema a una cuestión meramente reglamentaria que, una vez solucionada, deja despejado el camino para la aprobación de la Corte, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

Por ello, la pregunta central sobre la conveniencia o no de aprobar este tratado y la política internacional que al respecto debe seguir nuestro país pasa, necesariamente, por analizar si este tribunal, con estas reglas, en estos tiempos y en las actuales circunstancias, es un mecanismo eficaz, justo y sensato de asegurar el respeto a los derechos inherentes a la naturaleza humana, a la dignidad de las personas y de los pueblos. De ser así, de cumplir con el fin último de la justicia - ojalá en sus dos versiones- , bienvenido sea el tratado. Si, por el contrario, no cumple con estas características, dicho tribunal se transformaría en un instrumento más al servicio de los poderosos.

Y, desgraciadamente, esto último es lo que ocurre con este tratado. Así, por ejemplo, los estados parte sólo pueden solicitar la intervención de la Corte cuando los delitos hayan ocurrido en otro estado parte o los supuestos agresores sean nacionales de un estado parte. Sin embargo, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no necesitan ser parte del tratado, pues, a través de dicho Consejo, pueden solicitar la intervención de la Corte en cualquier estado, sea o no miembro del estatuto. En resumen, nadie podría pedirles cuenta a ellos de lo que ocurriera en sus fronteras - ya que no serían parte- , pero sí podrían exigir que se investigara lo ocurrido en cualquier otro lugar. Por otro lado, hay delitos en el estatuto cuya tipificación aún no se conoce y será materia de un acuerdo posterior, como el crimen de agresión, y, otros, cuya tipicación queda abierta, como es el caso de los crímenes de lesa humanidad.

Pero, además de innumerables defectos jurídicos como los descritos, aparecen las circunstancias que rodean la aprobación de este tratado. Así, países como Gran Bretaña y Francia declararon durante su negociación que no estaban dispuestos a aceptar que el estatuto se aplicara a sus naciones. Estados Unidos ya anunció que no lo ratificará. Y, hasta el momento, no lo han suscrito países como Rusia, China o Israel.

La actitud de estas naciones frente al tratado puede muy bien resumirse en las palabras de Jesse Helms, senador de los Estados Unidos de Norteamérica: "Mientras yo siga respirando, los Estados Unidos nunca permitirán - y repito, nunca- que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por una Corte Penal Internacional".

Entonces, ¿qué valor tiene esta Corte? ¿Podemos afirmar, con certeza, que se hará justicia a través de ella? ¿En esto consiste el respeto por los derechos de todas las personas y por la dignidad de todos los pueblos? Es claro que no. Esta no es una verdadera corte de justicia. Esta es una enésima transformación de la discriminación arbitraria, de la desigualdad jurídica; en buenas cuentas, de la esclavitud. Es una nueva confirmación de la existencia de pueblos de primera y de segunda clase. Es una justicia a la cual pueden recurrir los superestados, pero a la que no es posible que concurran a exigir igualdad y derecho los estados pequeños. Es una justicia al servicio de los poderosos.

Carlos Frontaura Rivera
Fundación Jaime Guzmán




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