NACIONAL

Jueves 6 de Mayo de 2004

EFECTO ADVERSO / Fuerte descenso en los aportes:
Fundaciones piden cambiar ley de donaciones

La modificación de la llamada Ley Valdés el año pasado provocó resultados desastrosos en varios organismos de caridad, en especial, los que lidian con la pobreza y la discapacidad.
En el Hogar de Cristo reconocen que varias empresas han dejado de donar y estiman que los ingresos que no están percibiendo ascienden a los 600 millones de pesos.

SOLANGE LACALLE

Las trabas impuestas por los legisladores el año pasado a las empresas que normalmente donaban recursos hicieron que éstas, literalmente, huyeran despavoridas.

Y es que nadie está dispuesto a hacer donaciones si un error de la institución beneficiada se convierte en cárcel para él.

Acusando el golpe sobre los ingresos de las corporaciones de caridad y esperanzados en que esta vez no se vuelva a legislar a puertas cerradas, es que 24 personalidades ligadas a ellas suscribieron una inserción donde piden que se corrija la ley, pero esta vez, escuchándolos. Benito Baranda, Andrés Navarro, Roberto Fantuzzi, Juan Francisco Lecaros, Juan Carlos Eichholz o Alberto Etchegaray son algunas de las caras visibles de estas fundaciones, corporaciones y ONG que luchan por superar la pobreza, la discapacidad, mejorar la cultura, la educación y el deporte.

Son quienes sufrieron el drástico corte de ingresos que significaron los cambios a la ley de donaciones culturales en agosto de 2003. El Parlamento tomó la llamada Ley Valdés - referida a los aportes a la cultura- y la unió en un mismo cuerpo legal con los hechos a otras materias, como las sociales y deportivas.

El nuevo cuerpo legal estableció que el total de donaciones no puede superar en conjunto el 4,5% del ingreso líquido y que la entrega de contraprestaciones será considerada delito. Esto quiere decir, por ejemplo, que si alguien financia la edición de un libro y se atreve a recibir algunos ejemplares como retribución podría ir a la cárcel.

Esto, sumado a que el incumplimiento de esta norma hará perder la rebaja de impuestos al que da, hace de esta una ley insólita, dicen los afectados.

Pérdidas millonarias

En el ámbito de la beneficencia es un lamento común las pérdidas que provocó a sus programas la modificación legal.

Muchas de las organizaciones de caridad se niegan a revelar cifras, pero se sabe que la merma de ingresos que han sufrido es millonaria y que las donaciones más perjudicadas han sido las destinadas a la pobreza y la discapacidad, como revela la inserción publicada el martes pasado.

Los directivos del Hogar de Cristo reconocen que varias empresas han dejado de donar y estiman que los ingresos que no están percibiendo ascienden a los 600 millones de pesos.

Actualmente atienden a 32.090 personas a lo largo de todo Chile, por lo que los recursos que se necesitan son enormes. Y previendo los desastrosos efectos que la ley 19.885 tendría en sus ingresos fue que estructuraron el presupuesto 2004 dando mayor énfasis a la captación de socios, considerando que son estos quienes otorgan el 51% de los recursos.

Ahora existe una estupenda excusa para que las personas no hagan donaciones, dice molesto el gerente general del Hogar de Cristo, Claudio Lobos.

La pobreza y la discapacidad son las áreas más afectadas - explica el abogado Roberto Peralta- porque son las únicas que obligan al donante a entregar el 33,3% de su aporte a un fondo común que, según la inserción, aún no ofrece garantía de una asignación y administración eficiente y transparente.

Con esto, asegura Lobos, se está distorsionando la voluntad del donante, porque quien decida entregar recursos para una determinada causa, finalmente terminará entregando parte de ese dinero a algo que desconoce. No se va a conocer el destino de esa donación, por lo que nadie se va a sentir incentivado a aportar, dice.

Todos coinciden en que en los más de diez años de funcionamiento de la Ley Valdés, promulgada en 1990, no hubo abusos en la generalidad de los casos, porque todos los proyectos que se financiaban por ese mecanismo estaban sujetos a una rigurosa fiscalización (ver recuadro).

El problema surgió con abusos en el caso de las donaciones universitarias, donde algunas instituciones entregaron servicios que no estaban permitidos a cambio de los aportes, supuestamente gratuitos.

La directora de la Fundación Prohumana, Soledad Teixidó, dice que el problema es que el debate se hizo a puertas cerradas, y no se permitió la participación de las entidades que directamente se verían afectadas.

La misma opinión tiene la directora de Casa de la Paz, Ximena Abogabir. No tuvo suficiente discusión ni difusión, de modo que los legisladores pudieran tomar conciencia de las diferentes implicancias de la modificación, alega.

La preocupación también alcanzó a los empresarios. Así lo reconoció El presidente de Sofofa Responsabilidad Social, Gonzalo García, quien hace unos meses declaró que se debía promover aun más la participación de los privados. Las empresas tienen la capacidad para encontrar soluciones, y para ellos es fundamental contar con instrumentos tributarios que faciliten y fomenten esas acciones, dijo en esa oportunidad.

Tan fuertes se hicieron sentir las quejas de las entidades caritativas que éstas lograron ser escuchadas en el Congreso y en La Moneda.

Algunos exigen nuevos cambios a la ley, y otros, simplemente, piden que se derogue. Desde hace unas semanas se encuentra listo el proyecto que perfecciona la normativa sobre donaciones que comenzó a regir en agosto de 2003.

Fuentes al interior del Gobierno cuentan que ya está redactado un proyecto de ley donde se resuelven algunos de los problemas más graves. Por ejemplo, se aumentaría el tope de las donaciones (de 4,5 a 5%), se regularía el régimen de contraprestaciones y se eliminarían las sanciones penales por infracciones, salvo en caso de reincidir.

En el caso específico de las contraprestaciones, se precisará bien qué son y la infracción por primera vez no será considerada delito.

La propuesta también autoriza a las empresas que tienen pérdidas para que realicen donaciones.

El aporte privado

Un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo de 1997 demostró el aporte de la sociedad civil al desarrollo social a través de las instituciones privadas sin fines de lucro.

Destaca el incentivo a través de mecanismos de descuentos tributarios a personas y empresas que aportan recursos con estos fines, como sucede, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.

El análisis explica que estas organizaciones han ido surgiendo como respuesta a las políticas de bienestar social estatales que se han ido quedando atrás.

En este sentido, el mismo estudio concluyó que el aporte privado al desarrollo social de ese año 97 alcanzó los 137 millones de dólares, considerando tanto el aporte monetario como el trabajo voluntario.

Cifras más recientes estiman que en 2001 se materializaron donaciones por montos que superan los 82 millones de dólares, lo que representa, según LyD, 1.3 veces el presupuesto del programa Chile Solidario.

TV para indigentes

Entregar estimulación intelectual para niños que pertenezcan a mil familias indigentes a través de televisión satelital gratuita, es el nuevo proyecto en carpeta del alcalde de Santiago, Joaquín Lavín, que se concretará con el aporte privado.

La idea es implementar cajas que recepcionen la señal de los canales por cable, los que no cobrarían por este servicio.

El costo de la compra de las cajas decodificadoras asciende a 70 millones de pesos, los que serían financiados por el municipio o a través de empresas privadas pertenecientes a la Sofofa.

El proyecto incluiría canales de entretención (Canal de Fútbol y otros), cultura (canal 13 cable, Eurochannel, TVE) y educación más entretención para niños (Discovery Kids, Fox Kids y Nickelodeon).

Cuantiosos daños a la cultura

Los efectos de la ley 19.885 también han sido desastrosos en el ámbito de la cultura. Antes de ella los privados invirtieron más de 27 mil millones de pesos en cultura, cifra que disminuyó considerablemente a partir de agosto del año pasado.

Por ejemplo, el Teatro Municipal recibía donaciones por 500 millones anuales en 2001. En 2002, trabajando de la mano con el sector privado, alcanzaron los 1.400 millones anuales. Sin embargo, en 2003 las donaciones cayeron en más de 800 millones.

En el caso de Amigos del Arte el presupuesto anual se ha recortado en torno a un 25% a raíz de los cambios a la Ley Valdés.

En la Corporación Patrimonio Cultural dicen que el 90% de las donaciones están paralizadas, porque las empresas no pueden correr el riesgo de ir a la cárcel por hacer aportes a la cultura.

Por este motivo quienes se mueven en este ámbito están molestos. No entienden cómo en una misma ley se juntaron las donaciones a la cultura, educación, pobreza, discapacidad y pobreza.

Por supuesto que la gente va a preferir donar para programas de pobreza en vez de a la cultura. Estamos en desventaja, dicen al interior de la Corporación de Patrimonio Cultural.




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La Ley Valdés funcionó 10 años y sólo por abusos en el área de las donaciones a las universidades, según los afectados, la nueva normativa castiga hasta con cárcel a quien aporta si la entidad que recibe comete un error.  En el ámbito cultural, hay impactos como el del Teatro Municipal que recibió $800 millones menos y la Corporación de Patrimonio Cultural que tiene paralizadas el 90% de sus donaciones.
La Ley Valdés funcionó 10 años y sólo por abusos en el área de las donaciones a las universidades, según los afectados, la nueva normativa castiga hasta con cárcel a quien aporta si la entidad que recibe comete un error. En el ámbito cultural, hay impactos como el del Teatro Municipal que recibió $800 millones menos y la Corporación de Patrimonio Cultural que tiene paralizadas el 90% de sus donaciones.
Foto:Imagen digital / Isabel Arellano


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