Introducción    (1/4)

Poco menos de seis años fue el marco temporal en el que se desarrolló, culminó y se desplomó el proyecto político esbozado por el Manifiesto del 11 de septiembre de 1924, que recogió los anhelos de regeneración del movimiento militar iniciado entonces.
Un desconcertante paréntesis en la marcha de Carlos Ibáñez del Campo hacia el poder fue el deslucido gobierno de Figueroa. El 13 de diciembre de 1925 don Emiliano Figueroa Larraín fue proclamado Presidente electo y el 23 de ese mes pudo tomar posesión del cargo, tras haberse sorteado con imaginación algunas imprevistas limitaciones impuestas por la reciente renovación del Congreso —las elecciones se habían realizado el 22 de noviembre— y por los artículos transitorios de la nueva Constitución.

Figueroa designó como su ministro del Interior a don Maximiliano Ibáñez, quien, diputado desde 1894 hasta 1918, a partir de 1904 había tenido responsabilidades ministeriales con los presidentes Federico Errázuriz Echaurren, Ramón Barros Luco y Juan Luis Sanfuentes. Era un hombre que había hecho su carrera pública en el mundo seudoparlamentario tan violentamente rechazado por los militares y que, al menos en el papel, había sido condenado por la Constitución de 1925. Pero entre 1919 y 1924 el ejercicio de funciones diplomáticas en la Liga de las Naciones y en Francia alejaron a Maximiliano Ibáñez de la actividad política y del conocimiento íntimo de lo ocurrido en ese período.

Entretanto, en la cartera de Guerra continuó el coronel Carlos Ibáñez, titular de ella desde el 29 de enero de 1925.
La combinación no pudo ser más desafortunada. Maximiliano Ibáñez, muy contrario a los radicales —muchos de los cuales apoyaban al coronel—, debió gastar sus fuerzas en largas e inconducentes discusiones en el Congreso, en tanto que el ministro de la Guerra entró en una dura confrontación con esa corporación. Todo esto llevó a una marcada inoperancia del gabinete, y fue el propio coronel Ibáñez quien criticó la situación por la prensa, llamando, como era su actitud habitual, a eliminar la politiquería y a hacer un gobierno realizador.

La reiteración de esta actitud en una entrevista en que casi en forma expresa pedía la renuncia del gabinete del que él formaba parte precipitó la crisis. El 20 de noviembre de 1926 inició su gestión en el Ministerio del Interior don Manuel Rivas Vicuña, sin duda el más diestro, experimentado y flexible político del primer cuarto del siglo XX. Sin embargo, la cartera de Guerra siguió asignada al coronel Ibáñez. El casual hallazgo en una habitación de un hotel viñamarino de papeles relativos a un plan para anular a ciertos jefes navales contrarios al movimiento militar, en el cual el propio Ibáñez parece haber estado implicado, fue el detonante de una nueva crisis ministerial. Y el 9 de febrero de 1927, el Presidente Figueroa, que, previendo el desarrollo de los acontecimientos, sólo aspiraba a renunciar, llamó al coronel Ibáñez al Ministerio del Interior.

Durante los dos años en que el coronel se había desempeñado en el Ministerio de Guerra se había preocupado de rejuvenecer al alto mando, de reformar las leyes militares y de robustecer la disciplina, gravemente deteriorada a partir de 1924 por sus propias intervenciones.
Además, había desplazado al único que le podía hacer sombra. Marmaduke Grove fue enviado en 1926 a Europa en una misión militar, y en 1928 se le impuso la prohibición de retornar a Chile. El coronel Ibáñez, superando sus continuas vacilaciones e indecisiones gracias a la acción de un grupo de personas muy cercanas, entre las que estaban Conrado Ríos Gallardo y el capitán Alejandro Lazo, se había transformado en el hombre fuerte al que muchos en Chile, al igual como ocurría en Europa, deseaban como conductor. Gozaba, además, del respeto del Ejército, y su laconismo, su rígido estilo militar y el aura de enorme autoridad que irradiaba auguraban una nueva forma de ejercer el poder en el país.

El manifiesto publicado en la prensa el mismo día 9, y redactado por Conrado Ríos, no dejó dudas acerca de los objetivos del coronel Ibáñez: “Hay que aplicar termocauterio arriba y abajo”. Arriba, los “politiqueros”; abajo, los “ácratas”. Pero el documento contenía una insólita afirmación: “No vacilaré, si la situación lo requiere, en asumir el máximo de las responsabilidades y atribuciones que crea necesario para evitar el caos y asegurar el bienestar y el progreso de Chile”. Ibáñez, que juraba ese mismo día como ministro del Interior, proclamaba su intención de convertirse en dictador. Era el “Chile Nuevo” —como se lo llamó— que comenzaba.

Al gabinete del 9 de febrero que encabezó Ibáñez se incorporaron Conrado Ríos Gallardo, en Relaciones Exteriores; Aquiles Vergara Vicuña, en Justicia e Instrucción Pública; Pablo Ramírez Rodríguez, en Hacienda; el general Juan Emilio Ortiz Vega, en Guerra, y el capitá de Fragata Carlos O. Frödden Lorenzen, en Marina. El gabinete de los “jóvenes orates” no demoró en mostrar tanto su eficacia como su carencia de escrúpulos en la persecución de sus objetivos. Ya el nombramiento de un capitán de Fragata como ministro de Marina significó el retiro voluntario de los altos mandos, que no aceptaron subordinarse a un oficial de inferior graduación. Otros fueron forzados a abandonar la institución, con lo cual el control de Ibáñez sobre ella fue completo.