Introducción    (2/4)

El 22 de febrero comenzaron las detenciones de opositores de todo el espectro político. Los cuadros directivos de ácratas y comunistas fueron relegados a la isla Más Afuera. Personas como Santiago Labarca; Rafael Luis Gumucio, director de “El Diario Ilustrado”; Enrique Matta Figueroa, sobrino del Presidente de la República; Manuel Rivas Vicuña y otros más, fueron deportadas. Algunas, como Ladislao Errázuriz, Rodolfo
Michels Cabero y Pedro León Ugalde, no obstante ser perseguidos, lograron escabullirse. Se ha estimado en 400 el número de las víctimas de esta primera batida represiva. Otros, como Agustín Edwards, sabiéndose objeto de la inquina del gabinete, más específicamente del ministro Ramírez, optaron por radicarse fuera del país. La represión fue acompañada, además, por la clausura de la prensa de izquierda y por la censura aplicada a los restantes periódicos. El 14 de marzo el ministro de Hacienda envió una nota a los diarios exigiéndoles que insertaran las informaciones proporcionadas por el Gobierno, “en obsequio de la independencia de la prensa”, que no sólo carecía de ella sino que, en una justificación que se hizo muy común más adelante, era “una de las causas principales que ha producido el desorden pavoroso de las finanzas y el desquiciamiento general de la administración y de la moral públicas”.

Es necesario advertir que el mismo día 22 de febrero fueron detenidas y relegadas dos personas que, aunque miembros del Partido Conservador, carecían de figuración política. Uno era el titular de la Dirección de Especies Valoradas, Ignacio Ugarte, investigado por la comisión de un abultado fraude al Fisco. A cargo del proceso estaba el ministro de la Corte de Apelaciones Felipe Urzúa, quien en febrero asumió su presidencia.

La lentitud del proceso, que hizo pensar en una connivencia entre investigador e investigado, concluyó en la detención de ambos y en la iniciación de una crisis de proporciones con la judicatura, cuyo capítulo final sería el alejamiento del Presidente de la República.
En los meses siguientes se sumaron nuevas detenciones, relegaciones y expulsiones: Daniel Schweitzer, Gustavo Ross Santa María, Carlos Vicuña Fuentes, Luis Salas Romo, Eulogio Rojas Mery, Luis y Ramón Gutiérrez, Alfredo Guillermo Bravo, Samuel Claro, Arturo Alessandri Palma y sus hijos Arturo y Hernán, Jorge Matte Gormaz, Ernesto Barros Jarpa, Galvarino Gallardo Nieto, Cornelio Saavedra, Luis Alberto Cariola
y muchos más.

El 28 de febrero, el ministro del Interior impartió severas instrucciones a intendentes y gobernadores para cautelar el orden público y el cumplimiento de la legislación social; para supervisar la instrucción pública; para impulsar los deportes y perseguir el alcoholismo.
Y tomando pie en la ley Nº 4.113, de enero de 1927, que autorizaba la reducción de personal de los servicios públicos por razones de economía, el gabinete inició una extensa remoción de empleados de la Administración, la que fue acompañada de la reorganización y refundición de servicios. En esta tarea quedaron de manifiesto numerosas irregularidades en la gestión de los asuntos públicos. Así, la vacancia de la dirección y subdirección de Impuestos Internos, el 1 de marzo, concluyó en el descubrimiento de un cuantioso desfalco y en el suicidio del ex director. El 13 de marzo se descubrió otro desfalco, ahora en los Talleres Fiscales de Prisiones.

La acción contra el ministro Urzúa mostró el interés del gabinete en realizar una “limpieza” en el Poder Judicial, varios de cuyos miembros eran sindicados de prevaricadores. Después de un intento fallido de que la propia Corte Suprema adoptara las medidas del caso, mediante un requerimiento para que declarara el mal comportamiento de ciertos magistrados, el Gobierno, asilándose en la aludida ley Nº 4.113, dictó el 24 de marzo un decreto de vacancia de 18 cargos judiciales, entre ellos cinco ministro de Corte. Existía en la Corte Suprema una minoría que coincidía con los propósitos depuradores del gabinete, no obstante que su presidente, don Javier Ángel Figueroa, hermano del Presidente de la República, se había negado a acatar el decreto porque, al ignorar la separación de los poderes del Estado, vulneraba expresamente la Constitución.

Después de reservadas gestiones de arreglo y de impugnaciones públicas del presidente de la Corte Suprema al decreto de vacancia, el tribunal acordó conocer y decidir sobre el requerimiento que antes había presentado el Gobierno. Pero como el voto del presidente Javier
Ángel Figueroa era decisivo, se adoptó una medida inimaginable para impedir su asistencia a un pleno que se efectuaría el 2 de abril: en la noche anterior el señor Figueroa fue reducido a detención domiciliaria. Ante semejante situación, los cuatro ministros que apoyaban la posición de Figueroa presentaron la renuncia, la que les fue aceptada en el acto. De esta manera, dos días después la Corte Suprema había cambiado radicalmente su configuración.

Como Javier Ángel Figueroa se negaba a renunciar, y su hermano, a firmar el decreto que declaraba la vacancia del cargo, el problema derivó hacia la crisis presidencial.

Ésta se resolvió bajo la fórmula de una licencia de dos meses que “por graves motivos personales” se otorgó el 7 de abril Emiliano Figueroa, quedando el coronel Ibáñez en calidad de Vicepresidente de la República. Y el primer decreto que firmó fue la declaración de vacancia del cargo del ministro en la Corte Suprema.
Don Emiliano Figueroa se había prestado, sin apenas protestar, cohonestar la acción del gabinete.